La cifra de mujeres CEO en España cae diez puntos en tres años
El porcentaje de consejeras delegadas se sitúa en el 18,5%, el de presidentas, en el 3,5%, y el de socias, en el 4,4%, según la última edición del informe de Grant Thornton
Todavía estamos a la cabeza de Europa, aunque la tendencia es claramente negativa. Según el Women in Business 2026, el informe elaborado desde hace veintidós años por la consultora Grant Thornton a nivel nacional e internacional, la proporción de mujeres CEO vuelve a caer este año hasta el 18,5% este año desde el 19,3% de 2025. En los últimos tres años, el descenso del liderazgo femenino en este puesto ha sido de diez puntos porcentuales (entonces era del 28%).
La relación de presidentas también retrocede (desde el 4,4% hasta el 3,5%), al igual que el porcentaje de socias, que pasa en el último año del 10,3% al 4,4%. Sin embargo, a nivel internacional y europeo estos indicadores se mantienen al alza.
También aumenta de forma notable la proporción de empresas españolas sin ninguna mujer en ningún puesto directivo, que pasa del 4,5% al 7,8% después de encadenar varios ejercicios a la baja. Un resultado que aleja a nuestro país de los estándares europeo (4,8%) y globales (5,7%) y, según el análisis, refleja el retroceso que vive España en lo que respecta a la presencia de mujeres en puestos directivos.
Dentro de la tipología de puestos directivos, la evolución más positiva se concentra en el cargo de directora financiera (CFO), que sube al 38,5% (5,3 puntos porcentuales). El cargo, indican desde Grant Thornton, se presenta como una vía relevante para aumentar el acceso de mujeres a posiciones de máxima responsabilidad, dado el papel del CFO como paso natural hacia la dirección general.
El estudio de Grant Thornton también analiza las perspectivas de las medianas empresas en materia de políticas de diversidad e inclusión, un aspecto en el que España sí refuerza su apuesta por este tipo de iniciativas. Pese al contexto global, marcado por un cambio en la conversación y enfriamiento respecto a las iniciativas de impulso a la mujer directiva, una amplia mayoría de compañías nacionales asegura contar con este tipo de estrategias y tres de cada cuatro prevé ampliarlas en el futuro. El 73,6% de las firmas españolas mantienen (36,4%) o incrementan (37,2%) su apuesta por este tipo de políticas, mientras que un 23% prevé flexibilizarlas o ya lo ha hecho y solo un 3,4% declara su intención de eliminar o haber eliminado alguna medida.
El estudio señala que la evolución de la conversación global en torno a las políticas de igualdad de género está teniendo un impacto muy limitado a nivel nacional. Dentro del porcentaje de empresas españolas que reconoce que revisará sus políticas en el próximo año (69,5%), solo un 17,9% reconoce que ha sido esta reapertura del debate global lo que les ha llevado a revisar sus iniciativas, a diferencia del resultado europeo (31,8%) y global (39,4%). “Los tambores de retroceso, principalmente provenientes de Estados Unidos, están por teniendo un efecto limitado sobre los planes y programas de diversidad de género de nuestro país”, explica Aurora Sanz, socia directora de Tax & Legal de Grant Thornton.
Entre las razones más utilizadas para llevar a cabo esta revisión se encuentran, en primer lugar, la existencia de un proceso de revisión periódica (50,2%). Junto a ello, destacan como principales motores los cambios regulatorios (33,0%) y, en un segundo escalón, la política gubernamental (20,0%) y la dirección de la alta dirección (20,0%).
Cabe recordar que desde 2023 es obligatorio en España que todas las organizaciones de cincuenta o más trabajadores cuenten con un plan de igualdad y que en los últimos años se han aprobado en los últimos años normativas como la Ley de Paridad. También la Unión Europea ha aprobado un paquete legislativo para fomentar la igualdad, reducir la brecha salarial y romper el techo de cristal en el entorno corporativo. Entre los hitos más destacados de esta regulación destacan la directiva que exige un 40% de mujeres en consejos de administración y la directiva de transparencia salarial que pretende acabar con la brecha salarial y que el próximo 7 de junio deberían haber adaptado todos los Estados miembros.
