Así está el ‘lobby’ conservador utilizando los derechos civiles y las redes sociales para acabar con las políticas de diversidad de las empresas
Algunas de las mayores compañías del mundo han dado marcha atrás en sus programas de igualdad antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca

Soplan nuevos vientos en la política y la justicia estadounidenses, y el mundo corporativo se reposiciona buscando alinearse con las prioridades del nuevo poder, que, resulta evidente, no pasan precisamente por apoyar la agenda de la diversidad y la inclusión. Muchas grandes corporaciones llevan semanas, meses incluso, desmantelando, de forma más o menos abierta, los programas de DEI (las siglas en ingles de ‘diversidad, equidad e inclusión’) que pusieron en marcha durante la pasada década al calor de movimientos como el MeToo o el BlackLivesMatter.
Ahora, sin embargo, muchas están plegando velas ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la agresiva campaña de facciones ‘anti-woke’ que llevan meses utilizando las redes sociales y los tribunales para atacar a empresas por lo que ellos consideran ‘discriminación inversa’. Los grupos conservadores han encontrado un asidero legal en una decisión del Tribunal Supremo de verano del 2023 que anulaba lo que se conoce como ‘acción afirmativa’ o discriminación positiva por motivos raciales en el acceso a la universidad. Esta política, que desde los años sesenta ha favorecido la incorporación de alumnos negros o latinos a la educación superior en Estados Unidos, ahora se considera ilegal. El motivo, según el alto tribunal, de mayoría conservadora, es que viola la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos y el título sexto de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación por motivo de raza, color u origen nacional.
Apoyándose en esa sentencia, grupos conservadores presentaron a lo largo del año pasado cientos de demandas contra compañías, ONGs y agencias gubernamentales que mantienen políticas de apoyo a grupos tradicionalmente subrepresentados como las mujeres o las minorías étnicas. Disney, Nike, IBM, Morgan Stanley, Pfizer o la Universidad de Nueva York son algunas de esas organizaciones demandadas por “presunta discriminación racial y sexual contra hombres blancos”. Detrás de esos litigios suele haber alguna de las asociaciones de defensa legal conservadoras que últimamente han surgido como setas: America First Legal, Citizens United, Alliance Defending Freedom, Students for Fair Admissions, etcétera.
La presión ha conseguido doblegar a algunas de las mayores empresas del mundo. Meta ha sido la última. Tres días después de que la empresa anunciara que suspendía su programa de verificación de datos, la propietaria de Facebook e Instagram confirmó que eliminará su equipo dedicado a DEI y varios de sus programas para fomentar la diversidad en las áreas de contratación, formación o selección de proveedores. En un memorándum interno filtrado a medios, Janelle Gale, vicepresidenta de recursos humanos de la compañía, justifica la decisión alegando que “el panorama legal y político en torno a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión en los Estados Unidos está cambiando”. El documento también hace referencia a la reciente decisión del Supremo y al rechazo frontal que el concepto DEI genera en parte de la opinión pública (estos días se culpa a las políticas de diversidad incluso de los incendios de California). En el texto, Meta reafirma su voluntad de que sus servicios sean accesibles a todos, aunque, puntualiza, “no deberían darse o quitarse oportunidades por características protectoras”.
A principios de la semana pasada, también McDonald's anunció que su equipo de diversidad pasaría a denominarse ‘equipo de inclusión global’ y cambios importantes en sus políticas sobre la materia, como la eliminación de cuotas. En un comunicado firmado por Chris Kempczinski, presidente y CEO, y el resto de directivos con responsabilidad global, McDonald’s reafirma su “firme” compromiso con la inclusión y presume de que el 30% de sus cargos de liderazgo en Estados Unidos pertenecen a grupos subrepresentados y de haber acabado con la brecha salarial de género.
Amazon es otra de las grandes compañías que ha ido limitando sus iniciativas en favor de la diversidad antes de la toma de posesión de Trump. En un memorando dirigido a sus empleados el pasado mes de diciembre, la empresa de Jeff Bezos reconoció estar reduciendo “programas y materiales obsoletos" relacionados con la representación y la inclusión, con el objetivo de completar el proceso para finales de año. Por lo pronto, la compañía ha eliminado de su web las secciones antes dedicadas a ‘Equidad para las personas negras’, ‘Derechos LGBTQ+’ y ‘Diversidad, equidad e inclusión”.
Más sonado ha sido el caso de Walmart. La empresa más grande del mundo por facturación, con 1,6 millones de trabajadores en Estados Unidos, cedió el pasado noviembre ante una intensiva campaña online que llamaba a un boicot en su contra por su apoyo a las políticas de diversidad. Entre otras cosas, Walmart ha dejado de considerar la raza o el género como criterio a la hora de elegir proveedores, ha dejado de apoyar los eventos relacionados con el Orgullo Gay y los centros por la justicia racial establecidos tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía en mayo de 2020, a los que desde entonces había donado 100 millones de dólares. También se ha comprometido a analizar los productos de terceros vendidos en sus establecimientos, para asegurarse de que no tengan carácter sexual o sean productos transgénero dirigidos a menores. Esto incluye, por ejemplo, las camisetas compresoras que algunas personas trans utilizan para disimular el pecho. "Ha sido un viaje y sabemos que no somos perfectos, pero cada decisión viene de un lugar de querer fomentar un sentido de pertenencia, abrir puertas a oportunidades para todos nuestros socios, clientes y proveedores y ser un Walmart para todos", aseguraba la empresa en un comunicado.
Disney, Nike, IBM, Morgan Stanley, Pfizer o la Universidad de Nueva York son algunas de esas organizaciones demandadas por “presunta discriminación racial y sexual contra hombres blancos”.
Antes de eso, en septiembre, Ford anunció que desde entonces no participaría en índices de igualdad corporativa o de mejores lugares para trabajar, que cambiaría algunos de sus patrocinios corporativos y que se no posicionaría sobre temas polarizadores. “El entorno externo y legal relacionado con cuestiones políticas y sociales continúa evolucionando”, escribió el director ejecutivo, Jim Farley, en un correo electrónico interno filtrado a la prensa. “Somos conscientes de que nuestros empleados y clientes tienen una amplia gama de creencias”. La lista larga de empresas que han dado pasos para desvincularse de lo que se conoce como ideología ‘woke’, es decir, a las reivindicaciones de las minorías y la justicia social, es larga: Microsoft, Alphabet, Toyota, Boeing, John Deere, Gillette, Harley-Davidson, Home Depot, Jack Daniel's…
La resistencia
Unas pocas, sin embargo, han decidido no ceder a las presiones y plantar batalla. Es el caso, por ejemplo, de Costco. El tercer minorista más grande del país, después de Walmart y Amazon, se enfrenta estos días a un llamamiento online de boicot en su contra por parte de activistas conservadores. Además, el jueves que viene, su junta de accionistas tendrá que votar sobre una propuesta para revisar su programa DEI presentada por un grupo llamado Centro Nacional de Investigación de Políticas Públicas (NCPPR). La junta directiva de Costco ha anunciado que mantiene su compromiso con esas políticas y ha instado a los accionistas a votar en contra de la propuesta del NCPPR. “Nuestros esfuerzos en torno a la diversidad, la equidad y la inclusión siguen nuestro código de ética", aseguran los responsables de la compañía.
El mismo grupo conservadora ha presentado una reclamación similar dirigida a los accionistas de Apple. En ella advierte a la empresa de Cupertino de que la DEI “plantea riesgos financieros, de reputación y de litigios para las empresas y, por lo tanto, riesgos financieros para sus accionistas”. El documento cifra ese riesgo económico en “decenas de miles de millones de dólares”. Como Costco, Apple ha pedido a sus inversores que se mantengan firmes y rechacen la propuesta. La junta general de la compañía votará el próximo 25 de febrero.
El horizonte, en cualquier caso, no deja mucho lugar a la esperanza. La agenda ‘anti-woke’ será una de las prioridades del nuevo gobierno de Trump. Ya el pasado verano, el ahora vicepresidente electo, JD Vance, que entonces era senador por Ohio, presentó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley que, en caso de salir adelante (y en un Congreso con mayoría republicana parece fácil que lo consiga), desmantelaría los programas de igualdad de todas las agencias del gobierno federal y eliminaría las subvenciones públicas para las empresas e instituciones educativas que mantengan políticas de este tipo. “La agenda DEI es una ideología destructiva que engendra odio y división racial. No tiene lugar en nuestro gobierno federal ni en ningún otro lugar de nuestra sociedad”, dijo Vance. “Estoy orgulloso de presentar esta legislación, que erradicaría la DEI de nuestra burocracia federal al eliminar dichos programas y los fondos para las políticas de DEI en cualquier lugar donde existan”.