Desde hace casi año y medio, Antonia Morillas está al frente del Instituto de las Mujeres. Antes fue concejala en el Ayuntamiento de Málaga por Izquierda Unida (IU) y diputada provincial. Licenciada en Comunicación Audiovisual y experta en planificación de procesos participativos, su militancia política ha estado estrechamente vinculada al Partido Comunista de Andalucía (PCA), donde fue responsable de formación feminista. Su llegada al Instituto de las Mujeres, una institución adscrita al Ministerio de Igualdad, se produjo de la mano de la titular de esta cartera. “Irene Montero me hizo la propuesta de encabezar este proyecto en un momento político especialmente importante. Era difícil no decir que sí al primer gobierno de coalición de nuestra democracia. Me parecía una oportunidad histórica para intentar contribuir a construir un proyecto de país más justo, que aborde la redistribución de los trabajos, los tiempos y la riqueza, y hacerlo no desde fuera de las instituciones, sino desde un lugar donde hay capacidad para impulsar políticas públicas, legislar y transformar la vida de la gente”.
En los últimos meses, el Gobierno ha acelerado la tramitación de varias leyes importantes en materia de igualdad, como la ‘ley del solo sí es sí’, aprobada este verano, y la ‘ley trans’ o la ‘ley del aborto’, que llegan este jueves al pleno del Congreso. Impulsar la reforma de esta última era una de las prioridades de Morillas cuando llegó al cargo. La directora del Instituto de las Mujeres ha participado directamente en las negociaciones con los diferentes ministerios y colectivos implicados.
Uno de los objetivos principales de la nueva ‘ley del aborto’ es garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública. Dado que las competencias en Sanidad están transferidas, ¿cómo se va a controlar desde el Gobierno que las mujeres puedan efectivamente abortar en todas las comunidades y provincias?
Vivimos en un estado, afortunadamente, descentralizado y, efectivamente, las competencias en el ámbito sanitario están transferidas, pero el Estado cuenta con un marco que le permita legislar y establecer unas normas comunes. En este caso, ese instrumento es una ley orgánica que establece cuáles son los objetivos y las obligaciones de las instituciones públicas, también de las comunidades autónomas, en lo relativo a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Cuando la reforma de la ‘ley del aborto’ llegue a las Cortes Generales lo hará tras más de un año de proceso de diálogo con el movimiento feminista, las organizaciones de profesionales del ámbito sanitario, expertas en el ámbito de la sexología, de la educación sexual, etcétera. Uno de los principales temas sobre la mesa durante las conversaciones era precisamente ese, cómo conseguir, a través de una ley orgánica, blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en todas las comunidades. La reforma plantea la regulación de la objeción de conciencia, una de las dificultades que teníamos en el marco de la ley anterior, que no consiguió armonizar el derecho a la objeción de los profesionales con el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo. El registro autonómico de objetores permitirá a cada comunidad saber cómo están sus servicios de salud y cómo organizar sus recursos para garantizar el aborto en unas condiciones de proximidad. Ese es el marco común. Ahora cada comunidad tendrá que ver cómo se regula el subregistro autonómico y cuáles son las medidas a tomar para cumplir un objetivo que, en última instancia, me gustaría pensar que es compartido: garantizar lo que es un derecho prioritario para la salud de las mujeres.
Entre las novedades que plantea la ley, una de las que más ha llamado la atención son las bajas menstruales. ¿Qué responde a quienes sostiene que las bajas menstruales podrían estigmatizar a las mujeres y dificultar su empleabilidad?
Cuando en nuestro país se abrió el debate sobre el reconocimiento del permiso de maternidad también hubo voces que dijeron que eso era echarnos piedras sobre nuestro tejado y que el permiso de maternidad nos iba a penalizar. El debate no puede ser ese. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo transformar el mercado laboral para que el reconocimiento de derechos no suponga en ningún caso una penalización. Las mujeres que menstruamos tenemos que tener ese derecho laboral. Lo que no parece tener mucho sentido es que haya mujeres que vayan a trabajar todos los meses con dolores de cabeza insoportables, diarreas o gastroenteritis; es decir, con menstruaciones incapacitantes. Y no solo es que vayan a trabajar, es que tienen que vivirlo en silencio. Estoy convencida de que, dentro de unos años, cuando este nuevo derecho este normalizado, como lo están hoy los permisos por nacimiento, miraremos atrás y nos daremos cuenta de que hemos conseguido algo que, más allá de lo concreto, que no es menor, porque hay muchísimas mujeres que lo pasan muy mal cuando están con la menstruación, hemos introducido una discusión política importante. Con esta ley también reconocemos la incapacidad temporal especial en los casos de interrupción del embarazo, ya sea de manera voluntaria o espontánea. Y una baja especial para que las mujeres puedan disponer de unas semanas en la última parte del embarazo sin que se les descuente del tiempo del permiso de nacimiento, porque la realidad es que, a partir de la semana 39 de embarazo, la mayoría de las mujeres ya no están en condiciones de trabajar. Lo que hemos hecho es reconocer derechos laborales que tienen en cuenta nuestro cuerpo y nuestro proceso reproductivo. Eso es un cambio de paradigma que no termina aquí. Es importante reconocer la potencia estratégica de estas medidas, porque abren una discusión mucho más profunda sobre cómo incluir el enfoque de género en nuestro sistema sanitario, en nuestro sistema educativo o en nuestro mercado laboral.
Otro de los proyectos clave del Gobierno en materia de igualdad es la ‘ley trans’, que continúa generando división de opiniones. Un sector importante de los colectivos de mujeres e incluso del propio Gobierno es muy crítico, sobre todo, con la autodeterminación de género.¿Cree que la ‘ley trans’ pone en riesgo los derechos de las mujeres?
La ‘ley trans’ en ningún caso pone en riesgo la legislación sobre igualdad ni los derechos de las mujeres. Lo que permitirá es avanzar en el reconocimiento de los derechos de un colectivo que ha sido duramente maltratado. Estamos comprometidas con que esta sea la legislatura del avance en los derechos del colectivo LGTBI. La Ley de derechos LGTBI reconoce cosas tan importantes como la prohibición de las terapias de conversión y espero que esta fase de la tramitación parlamentaria termine, si cabe, con una ampliación de derechos con respecto al texto actual.
Supongo que leería la entrevista concedida hace unos días por Carmen Calvo, presidenta de la comisión de Igualdad, en la que decía que la ley trans podía destrozar toda la legislación de igualdad.¿Cómo se pueden reconciliar posturas tan enfrentadas para que esto no acabe en un cisma?
Nosotras estamos con la defensa de los derechos humanos, esa ha sido nuestra hoja de ruta desde que llegamos al Gobierno. Esta ley va a servir para ensanchar derechos y empezar a saldar la deuda histórica que tenemos con el colectivo LGTBI. Hay un acuerdo dentro del Gobierno en torno al texto de la ley, y no me cabe duda de que ese acuerdo, que ya existe, va a ser refrendado por las Cortes Generales.
En los últimos días también se ha generado polémica por unas declaraciones de la ministra Montero sobre el derecho de los niños a recibir una educación sexual. ¿Por qué esta cuestión, la de la educación sexual y reproductiva, sigue generando tanto rechazo entre ciertos sectores?
Porque sigue habiendo algunos sectores muy cómodos en el machismo y en el patriarcado. Son los mismos que cuando en el año 90 se lanzó la famosa campaña del ‘Póntelo, pónselo’ decían que el Instituto de las Mujeres, por entonces Instituto de la Mujer, estaba adoctrinando y que los centros educativos se iban a convertir en centros de perversión. Esos sectores siguen cuestionando algo que todos los organismos internacionales, incluida la UNESCO, reconocen, y es que la educación sexual tiene que ser un derecho de la infancia. Países de nuestro entorno como Francia, Suecia, Dinamarca o Portugal la tienen incorporada a su currículum educativo. El que los niños y niñas sepan reconocer qué es una agresión sexual o los límites del propio cuerpo es clave para que en el futuro puedan vivir una sexualidad basada en el deseo y en el consentimiento, pero también para prevenir agresiones. En este país ha habido muchísimas agresiones sexuales a menores, muchas de ellas protagonizadas por miembros de la Iglesia Católica, como la propia Iglesia ha reconocido. Nosotras estamos convencidas de que muchos de estos casos de violencia sexual se habrían podido evitar si hubiera existido una educación sexual integral, con enfoque de género, en todas las etapas educativas, obviamente con un contenido adecuado a las necesidades de los niños y de la niña en cada etapa. Nuestro compromiso, y creo que también nuestra obligación como institución pública, es garantizar que esto sea así. La LOMLOE dio un paso importante al reconocer la educación afectivo-sexual como un elemento transversal. Ahora el reto, y es lo que planteamos en la ‘ley del aborto’, es que la educación sexual sea obligatoria en todas las etapas educativas y en todas las comunidades autónomas.
La prostitución es otra de los temas que han generado divisiones dentro del Gobierno. ¿Será posible el acuerdo en esta materia?
Nosotras estamos de acuerdo con abolir la prostitución, que no es lo mimos que prohibirla. Los posicionamientos prohibicionista al final suelen acabar cargando las tintas contra las mujeres, que están, además, en situaciones de vulnerabilidad. Existe en el seno del Gobierno un acuerdo político para plantear el horizonte la abolición y empezar a trabajar algo que nosotras, desde Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres, ya estamos desarrollando: construir itinerarios que garanticen la protección de las víctimas de trata y que las mujeres que viven en contextos de prostitución puedan tener una vida digna; es decir, que tengan una alternativa laboral, una alternativa habitacional, que puedan abrir una cuenta bancaria, que consigan una situación de regularidad administrativa y documental que les permita acceder al conjunto de derechos, etcétera. Para nosotras, esa es la clave. Por eso, lo primero que hemos hecho es poner en marcha un plan operativo, el Plan Camino, aprobado hace unos días por el consejo de ministros. Es la primera política pública abolicionista puesta en marcha por el Gobierno de España. Creo que el Plan Camino plantea un lugar de encuentro para mujeres que podemos venir de posiciones políticas muy diferentes respecto a la prostitución, pero que compartimos un espacio común, y es que el convencimiento de que para las mujeres salgan de esa situación de violencia tienen que tener sus derechos básicos garantizados. Si no ponemos el derecho a tener una vida digna en el centro, difícilmente podremos abordar con solvencia el horizonte de la abolición.
Además de dar una alternativa a las mujeres que ejercen la prostitución, ¿qué hacemos con los proxenetas, los dueños de los burdeles y los clientes?
Es importante que se apruebe una ley integral contra la trata, y espero que se consiga antes de que acabe esta legislatura. El Ministerio de Igualdad ya hizo una propuesta en el mes de diciembre. El compromiso del Gobierno es perseguir el proxenetismo y a la industria proxeneta, lo que hay que hacer es que concretarlo para que haya instrumentos específicos que permitan hacerlo.
Prácticamente cualquier declaración o iniciativa que sale del Instituto de las Mujeres o del Ministerio de Igualdad es objeto de polémica. En un cargo público el escrutinio es normal, pero ¿cómo es trabajar bajo semejante nivel de presión?
Las mujeres que defienden políticas feministas o utilizan su cargo para legislar en favor de los derechos de las mujeres sufren un nivel de cuestionamiento y acoso que trasciende lo que podríamos ubicar en el ámbito de la crítica a la que puede estar sometido cualquier cargo público. Y eso es terriblemente peligroso. Un ejemplo es lo que ha sucedido estos días con Irene Montero, acusada, por parte de la de la caverna, de fomentar pederastia. Utilizar un tema como este de manera tan frívola para atacar a una responsable pública va más allá del daño que le pueda ocasionar a ella. Por un lado, se cuestiona el derecho a la educación sexual del que hablábamos antes, pero también se está lanzando un mensaje disciplinador a las mujeres que busca que no les merezca la pena exponerse y participar en política. Porque si lo haces, y lo haces para defender los derechos de las mujeres, probablemente te vas a ver sometida a toda suerte de campañas difamatorias de acoso y derribo. Estos días hemos hablado mucho sobre la violencia política que existe en otros países, pero deberíamos hacer una reflexión sobre cómo está operando la violencia política en nuestro país para impedir la participación efectiva de las mujeres, y concretamente de las mujeres feministas, en la política.
