El Gobierno se plantea bajas por dolor menstrual, permisos para embarazadas o la eliminación del IVA de compresas y tampones
Son algunas de las medidas incluidas en el borrador de la nueva ley del aborto
Está previsto que el consejo de ministros debata en su reunión del próximo martes el nuevo proyecto de la conocida como ley del aborto, cuyo borrador se ultima estos días. Todavía no se conoce, por tanto, la redacción final del texto que finalmente propondrá el Ejecutivo y que Igualdad todavía está negociando con otros ministerios como Sanidad o Hacienda, pero por lo que se ha filtrado del actual borrador, la nueva normativa podría incluir una gran cantidad de medidas que regularán muchas cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva de la mujer, más allá de la interrupción del embarazo.
En un momento en el que el derecho al aborto está en cuestión en muchos países, incluido Estados Unidos, después de que se filtrara la intención del Tribunal Supremo, de mayoría ultraconservadora, de derogar Roe contra Wade, la histórica sentencia que hace medio siglo dio a las mujeres el derecho a decidir, el ejecutivo español pretende reforzar este derecho en nuestro país, garantizando, además, que pueda ejercerse en la red sanitaria pública, algo que no sucede en la actualidad. De hecho, se calcula que hasta el 85% de los abortos se efectúan en clínicas especializadas con las que la Administración concierta el servicio y miles de mujeres se ven obligadas a desplazarse cientos de kilómetros para ejercer este derecho. Para intentar acabar con esta situación, el Gobierno trabajará con las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia sanitaria, para asegurar que haya al menos un centro público en cada capital de provincia donde se practiquen abortos. También se establecerá un registro de objetores de conciencia en el que los profesionales médicos que rechacen practicarlos tendrán que inscribirse con anterioridad.
Por lo demás, la nueva normativa mantiene los actuales plazos. Así, el aborto seguirá siendo libre dentro de las primeras catorce semanas de gestación y podrá practicarse hasta la semana veintiuno en el caso de que existan causas médicas (por ejemplo, malformaciones del feto o peligro para la vida de la madre). La diferencia es que las mujeres a partir de 16 años podrán abortar sin permiso de sus padres o tutores legales, una condición introducida en 2015 por el Gobierno de Rajoy. El borrador elimina también el plazo de tres días de reflexión para abortar y establece una baja por duelo perinatal en caso de aborto espontáneo antes de los seis meses.
En cuanto a la salud menstrual, el borrador propone una baja de tres días, ampliable a cinco, bajo supervisión médica, para quienes tengan reglas doloras o incapacitantes (con náuseas, mareos, vómitos, cólicos, etcétera). La baja menstrual es una posibilidad que ya se han planteado en Italia y algunos países asiáticos y que genera opiniones encontradas. Desde UGT ya han rechazado la propuesta al considerar que podría conducir a que las mujeres sufran discriminación en la contratación. También se está estudiando la eliminación del IVA para los artículos de higiene femenina (compresas, copas y tampones), en un intento de acabar con la pobreza menstrual. Además, se establece la obligación para los centros educativos, servicios de atención a mujeres en riesgo de exclusión, prisiones y organismos públicos de ofrecer forma gratuita productos de higiene para la menstruación. El Ejecutivo se había comprometido a rebajar del 10% de IVA actual que soportan este tipo de productos al 4%, aunque la prometida bajada fiscal se ha ido cayendo reiteradamente de los presupuestos estatales.
En materia de salud sexual, el borrador establece la gratuidad de anticonceptivos hormonales y la píldora del día después, que serán financiados por el sistema público. Además, se distribuirán métodos anticonceptivos (tanto hormonales como de barrera) en centros de servicios sociales, penitenciarios y centros educativos, en el marco de campañas de educación sexual. En cuanto al embarazo, se establece un permiso remunerado durante el último mes de gestación (desde la semana 36 y hasta el momento del nacimiento).
Por último, el borrador incluye medidas contra los vientres de alquiler, una práctica ilegal en España que pasa a ser considerada violencia contra la mujer. De aprobarse tal y como está, la norma perseguirá a los intermediarios que pongan en contacto a españoles con vientres de alquiler en el extranjero y permitirá a los tribunales españoles actuar contra las parejas españolas o que residan en España que recurran a otros países para encontrar a una mujer que alquile su vientre. Esa persecución penal excluye a las gestantes. También se prohibirá y sancionará la publicidad de las agencias que ofrecen este tipo de servicios.
El objetivo del Gobierno es que la nueva ley del aborto se apruebe y entre en vigor durante el primer trimestre del año que viene. Pero para eso será necesario primero el acuerdo de todos los ministerios implicados y después del resto de los grupos parlamentarios. El plan de Igualdad no es reformar la ley del aborto de 2010, sino que la nueva Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Garantía de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (su nombre oficial) sustituya y derogue a la actual, por lo que para su aprobación se necesitaría la mayoría absoluta del Congreso.
