Las claves de la nueva ley del aborto y las bajas menstruales
La norma devolverá el derecho a decidir sobre su embarazo a las jóvenes de 16 y 17 años
Algunas de las medidas inicialmente planteadas por el Ministerio de Igualdad en el borrador de la norma que regula los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres (conocida como ley de aborto) se han quedado finalmente en el camino tras muchas negociaciones y declaraciones cruzadas entre los ministerios implicados y los socios de Gobierno. El consejo de ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley que deja fuera propuestas como la reducción o eliminación del IVA de los productos de higiene femenina, pero han salido adelante otras como las bajas por menstruaciones dolores e incapacitantes.
En lo que respecta al aborto, se devuelve a las jóvenes de 16 y 17 años la libertad de decidir interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno que exigía la aprobada por el PP en 2015. El anteproyecto elimina el periodo de reflexión de tres días y la obligación de que la mujer reciba información sobre prestaciones y ayudas a la maternidad (solo la recibirá si lo solicita). Lo que se mantienen son los plazos actuales para abortar: libre hasta la semana 14 y por causas médicas hasta la semana 22.
Uno de los objetivos principales de la ley es acabar con el actual modelo que lleva a que el 85% de este tipo de intervenciones se derivan a la sanidad privada por la falta de profesionales en la pública dispuestos a practicarlas. Por ello se regulará la objeción de conciencia de los profesionales a través de un registro en el que los médicos que lo deseen tendrán que inscribirse de forma previa. Esto les incapacitará también practicar abortos en la sanidad privada. Para evitar que las mujeres tengan que desplazarse a otras provincias para abortar, la norma establece que las administraciones deben garantizar que el derecho sea accesible “de acuerdo con un reporto geográfico adecuado”.
Aunque Igualdad no ha conseguido la prevista eliminación o reducción del IVA a los productos de higiene femenina (Hacienda ha presionado para que la medida quedara aplazada hasta la negociación de los presupuestos del Estado), por primera vez se reconoce el derecho a la salud menstrual en una ley pionera en Europa al reconocer las reglas dolorosas e incapacitantes como causas de incapacidad laboral temporal. Las bajas menstruales serán financiadas desde el primer momento por la Seguridad Social y no por las empresas, no tendrán límite de días (al principio se habló de tres o cinco) y deberán siempre ser supervisadas por un médico.
Para combatir la pobreza menstrual se repartirán gratis productos para la regla en centros educativos, penitenciaros y servicios sociales. Todos los organismos públicos deberán ir adoptando paulatinamente esta medida.
La píldora del día después será distribuida de forma gratuita en centros de salud y de atención sexual y los anticonceptivos hormonales estarán cubiertos por la Seguridad Sexual. La norma promete también investigar y promover los métodos de anticoncepción masculina. Se distribuirán preservativos en prisiones, centros especializados y servicios sociales y en prisiones. Los centros educativos podrán distribuirlos también en el marco de las campañas de educación sexual que lleven a cabo.
En el ámbito educativo se pretende, además, garantizar la formación sobre salud sexual y reproductiva, con el foco puesto en el consentimiento y los buenos tratos, en las distintas etapas educativas. Además, se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica.
Las embarazadas dispondrán de una baja preparto desde la semana 39 y no desde la semana 36 como era la intención inicial del Ministerio de Montero. El texto no incluye una condena explícita a la violencia ginecológica y obstétrica y se limita a garantizar las buenas prácticas durante la atención ginecológica, el embarazo y el parto. En cambio, la ley sí define el aborto, esterilización y la anticoncepción forzada como formas de violencia contra la mujer.
Por último, se prohíbe la publicidad sobre gestación subrogada, aunque se ha eliminado del texto final la posibilidad de perseguir por la vía penal a los intermediarios y las personas que recurran a la gestación subrogada en otros países.
El Ministerio de Igual pretendía que la norma se formalizara como una nueva ley, aunque finalmente ha quedado en una amplia reforma de la norma vigente desde 2010 que el Ejecutivo tramitará por vía de urgencia, lo que reducirá a la mitad los plazos. En cualquier caso, al proyecto de ley le toca ahora iniciar su trámite parlamentario.
