El Congreso debate hoy tramitar la proposición de ley para abolir la prostitución
Propone penas de prisión y multas a proxenetas, propietarios de burdeles y clientes

Hace unas semanas, el PSOE intentó incluir, en la ley de libertad sexual, una enmienda encaminada a abolir de la prostitución que finalmente retiró durante los debates en la comisión de Igualdad, ante la falta de apoyo de otros partidos, para lograr sacar adelante la ley. Lejos de desistir en su objetivo, el grupo socialista registró entonces ante la cámara baja una proposición de ley con este fin que plantea aumentar las penas a los proxenetas y establecer sanciones económicas para los clientes.
Hoy martes, el Congreso debate si se admite a trámite esta iniciativa. Todo apunta a que se aprobará la toma en consideración de esta ley, que cuenta con el apoyo inicial de Unidas Podemos y el PP. Los comunes, la confluencia catalana de Unidas Podemos, no ha desvelado de momento si votará a favor de su tramitación.
La propuesta del PSOE recoge la modificación del artículo 187 del Código Penal para que se "castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación". Un cambio que impondría penas de prisión de entre 3 y 6 años y multas de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, obligue a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.
La propuesta de ley incorpora también la llamada ‘tercería locativa’, es decir, el castigo penal a los propietarios de locales o pisos dedicados a la prostitución. En el caso de “quien con ánimo de lucro promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”, las penas irían desde 1 a 3 años de prisión y las multas serían de entre 12 y 24 meses. Las mismas penas se aplicarían a los clientes de la prostitución, ya que, según recoge el texto de la iniciativa, "las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos".