Seis años después de la violación de La Manada y en medio de la inquietud social generada por varias noticias de denuncias de agresiones sexuales grupales que implican a menores de edad, el pleno del Congreso debatirá esta tarde –y previsiblemente aprobará– la ley de libertad sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’. De esta forma, acabará la larga tramitación parlamentaria de una norma cuyo anteproyecto recibió el visto bueno del Consejo de Ministros por primera vez hace más de dos años, en marzo de 2020.
El proceso no ha estado exento de polémica. Algunas de sus propuestas han generado tensiones entre partidos, incluso entre los socios del propio Gobierno, sobre todo en lo referente a la prostitución. El PSOE trató a última hora de incluir dos artículos dirigidos a su abolición que se encontraron con la oposición de Unidas Podemos y del resto de partidos que apoyan al Gobierno, haciendo peligrar la viabilidad de la ley en su paso por la comisión de Igualdad. Finalmente, los socialistas retiraron su pretensión y el texto consiguió superar el trámite para llegar hoy al Congreso.
Lo que sí se ha incluido es la prohibición los anuncios de prostitución. Según adelantó ayer El Periódico de España, el dictamen de la comisión de Igualdad plantea una reforma de la ley general de publicidad para que pase a ser considerada ilícita cualquier forma de publicidad “que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que supongan promoción de la prostitución". Además, las administraciones deberán promover campañas de sensibilización “destinadas a desincentivar la demanda de toda clase de servicios vinculados con la explotación sexual, la prostitución y la pornografía que naturaliza la violencia sexual”.
No se esperan cambios sustanciales en la ley, aunque todavía podría incluirse alguna nueva enmienda. Ayer mismo se registró una pactada por el PSOE, Podemos, ERC y Bildu que propone que a los menores de edad condenados por delitos de violencia sexual se les añada a la pena la obligación de recibir formación sobre igualdad y educación sexual.
La ley establece un marco integral de atención a las víctimas de violencia sexual, que recibirán las mismas ayudas que las víctimas de violencia machista, y plantea una reforma del Código Penal para acabar con la distinción entre agresión y abuso sexual. “Se acabó que la justicia en nuestro país pueda distinguir entre un abuso y una violación. Y se acabó que la prueba definitiva para determinar si ha habido una agresión es si la víctima ha presentado resistencia. A partir de ahora si decimos sí, hay una relación sexual consentida, y si ese sí no existe, hay una agresión”, declaró ayer Irene Montero, ministra de Igualdad.