La campesina Claudia Patricia Guachetá, de 36 años, cuenta que ella entró en las Autodefensas Campesinas a los 2. Ella es de una vereda, un camino estrecho que se forma por el paso de los animales y las personas perteneciente a Ortega, un pequeño pueblo cafetero de la región del Cauca, en el suroccidente del país, un vergel situado entre las regiones andinas y pacífica. Es tímida (prefiere no mirar a su interlocutora a los ojos) y parca en palabras: seguramente la guerra se las ha quitado. “Se cuida”, es decir, se anda con cuidado de por dónde se mueve, con quien habla y a qué hora se recoge a dormir: la noche en su región está marcada por un extraño toque de queda en el que los armados campan aún más a sus anchas. Allá donde vive, las FARC dejaron la región, sí, pero no hay tranquilidad. Desde entonces, merodean por sus ricos ríos y parques naturales hombres del ELN (otra de las guerrillas históricas colombianas), las disidencias de las FARC, grupos paramilitares, bandas criminales y los que allí llaman “los mexicanos”, los narcos de Sinaloa.

“No lo sé bien, fui de las Autodefensas desde que tenía 2 o 3 años. Mis abuelos ya lo eran. Era una forma de defender nuestras tierras del ELN y de las FARC”, explica con la misma naturalidad con la que una campesina sabe que va a llover. “Ocurrió que nos armamos de valor. Nunca entendí qué querían de nosotros. Nosotros no tenemos nada: solo unas tierras fértiles”, explica. Arrastra tristeza, la de haber tenido que normalizar la guerra, la de haber vivido siempre en una región especialmente golpeada por el conflicto donde las madres se despedían de sus hijos en el colegio como si fuera la última vez. Podía pasar que no se volvieran a ver. Está acostumbrada a la violencia, a un país donde hace unos años estaba prohibido llevar casco cuando se iba en moto: una persona con esa protección no es identificable y una nunca sabe si el que dispara es joven, adulto, negro, blanco, mujer u hombre. Tampoco se podía llevar “paquete”: era el que disparaba.

Lo terrible de su historia no es su pasado, que no haya vivido un día de su vida en paz; lo atroz es que todavía tiene miedo. “Volvemos a vivir entre amenazas y no sabemos ni quiénes son. Lo único que sabemos es que nos llegan avisos. Nos dicen que dejemos el café y entremos en los cultivos ilegales [coca]”, apunta esta mujer que apenas llegó a bachiller. “Miedo es que te digan que te van a matar y luego no lo hagan. Es lo que sentíamos durante los tres meses en los que todas las noches tuvimos que meternos en el monte, con la lluvia, con el frío. Porque podían volver y acabar con nosotros”. Habla de la masacre del año 2000. Mataron a trece campesinos. “Dos eran mis tíos. Entraron, los cogieron y les pegaron dos tiros. Primero en el costado y luego en la cabeza. A nosotros nos tenían amarrados para que fuéramos testigos. Lo vimos todo. Luego les cortaron las cabezas. Nos dejaron solo el tronquito. Antes me preguntaron si los conocíamos…Yo les negué”, dice con problemas para contener el llanto. Como remate, aquel comando de las FARC quemó sus casas.

“No entendía que hubiera necesitado tantas palabras para describir lo que se sentía en la guerra si con una sola bastaba: miedo”. (‘Cien años de soledad’, Gabriel García Márquez).

En 2003, con 21 años, Claudia Guachetá dejó las armas. Unas armas que ,paradójicamente, nunca empuñó. Sí reconoce que aprendió a usarlas, los hombres le enseñaron cómo cargarlas y desmontarlas en la plaza del pueblo, que hacía las veces de cuartel, pero nunca salió a patrullar. Tampoco se “enmontañó”, que es como en Colombia se dice a las personas que marchan a la guerra introduciéndose en las descomunales cordilleras andinas que rasgan el país en tres. En su pueblo, afirma, lo único que hicieron era defenderse de los ataques de la guerrilla cuando esta incursionaba. Las escopetas y pistolas que utilizaron las empuñaban los hombres, ellas organizaban la logística y cocinaban. Cuando el pasado gobierno de Uribe desmovilizó (reinsertó) a los paramilitares, ella, junto con otras 166 personas de su pueblo, se acogió a ese armisticio. Casi la mitad eran mujeres, muchas, abuelas que jamás apretaron un gatillo. La Justicia reconoció que aquel grupo de labriegos no causaron daños materiales ni víctimas y que se organizaron –sin un orden jerárquico, sin uniformes y sin una estructura militar- con el único objetivo de defenderse de los ataques de los insurgentes.

De todo lo prometido por dejar aquellas escopetas, casi nada. Su gesto, como el que han hecho ahora las FARC, se recompensaba con las prestaciones que históricamente piden las gentes de los campos: medios para una vida digna. Sí recibió atención psicológica, pero ni el colegio, ni el hospital, ni las carreteras llegaron. Es la ausencia del Estado, la triste historia de décadas de sangre en Colombia. “En mi pueblo desde hace tres años no hay ni una sombra del Estado, no está el ejército, ni siquiera un funcionario de correos”, denuncia. Mientras, la maldita presencia de los armados persiste y la hace reflexionar, pesimista, que quizás la paz no sea cosa de los hombres.

 —“¿Os volveréis a armar?”

 —“Pues creo que sí. ¿Quién nos va a defender? ¿Cuál es la opción, dejarnos matar?”, pregunta. También dice que le gustaría sentarse con los miembros de las FARC y preguntarles qué querían de ellos.

“Y la normalidad era precisamente lo más espantoso de aquella guerra infinita: que no pasaba nada”. (‘Cien años de soledad’, Gabriel García Márquez).

Se alzaron en armas porque el Estado nunca estuvo en sus regiones, por la desesperación y la terrible desigualdad en las que vivían esos millones de colombianos a los que no les llegó nunca la prosperidad de un país que era uno de los más ricos del planeta en oro, esmeraldas, petróleo, flora y fauna. Eso arguyen las guerrillas históricas de este país de insurgentes, pobres y millonarios extremos. Lo dicen las personas que tomaron y dejaron las armas de las FARC y del M19, por citar dos movimientos que han marcado (con sangre también) la historia del país andino. Lo sostienen ellos, pero también organizaciones como Cepal (Comisión Económica para América Latina y Caribe), que sitúa a Colombia como el segundo país más desigual de América Latina. Y lo peor, la situación, tras tantos años de guerra, no ha mejorado. La ONG Oxfam, que lleva décadas en el país, denuncia por ejemplo que un millón de explotaciones campesinas tienen, de media, un tamaño inferior a la tierra de la que dispone una vaca. Lo hacía en un informe sobre desigualdad publicado el pasado junio en el que se explicaba que se mida como se mida, “la concentración de la tierra es hoy muy superior a la que existía en la década de 1960, cuando se comprendió que una distribución más equitativa de la tierra no solo era una cuestión fundamental de justicia, sino también de eficiencia productiva”.

“Llegamos a las guerrillas para luchar por una educación, por una tierra, por una salud… por dignidad”, explica Marcela González, 50 años y ex comandante de las FARC. Entró en sus filas con 16 años. Era campesina, pasaba hambre y los armados que “paseaban” por sus tierras desde hacía dos años le hablaron de una revolución para cambiar las cosas. Habla desde la sede en la ciudad de Popayán del partido fundado en agosto de 2017 por los excombatientes de la guerrilla tras firmar la paz con el Gobierno con el nombre de FARC, siglas que en este caso corresponden a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Su esquema de vida durante 32 años fue el de la guerra, que resume en: carpa [tienda de campaña] en vez de casa; equipo, es decir, armas; ropa de camuflaje, gorra, toalla, jabón, papel y caminatas. No resulta fácil hablar con ella. Desconfía y su discurso suena gélido. “La dureza de la guerra nos templó. Nunca he vivido un estilo de vida relajado. A los 7 años ya andaba en el campo trabajando con la yuca y el plátano. Luego, cuando me enrolé, llegó la disciplina militar”, señala. Normas para levantarse, normas para acostarse, para mandar un regimiento, para disparar y normas también para ser o no madre, algo incompatible con las armas.

Ella se quedó embarazada según entró en la guerrilla, en el campamento en el que aprendían a guerrear. Entregó a su hija a unos campesinos. Era solo un bebé. La vio veinte años más tarde, cuando se firmó la paz. “No fue fácil. Cuando nos reencontramos éramos dos mujeres adultas que se veían por primera vez. Yo simplemente intenté que entendiese el compromiso por el que luchaba”, señala la exguerrillera. Su hija, que se salvó del vivir en un campamento militar (algo que no se permitía), había padecido otra guerra: la del desplazamiento y la pobreza. De cría, la pequeña tuvo que abandonar la casa en la que vivía por amenazas de otros armados que mataron a su familia adoptiva. Con 10 años se fue a una ciudad, donde malvivió, es decir, sobrevivió con dos de sus hermanos “postizos”, todos huérfanos de alguna forma. “Ella fue una víctima, como tantas en este país, de la miseria, de la discriminación, del desprecio, del no tener con qué pagar su alimento”, zanja Marcela González. Su relación con ella hoy sigue siendo muy distante.

— “Esto es un disparate, Aurelito –exclamó.

— Ningún disparate –dijo Aureliano-. Es la guerra. Y no me vuelva a decir Aurelito, que ya soy el coronel Aureliano Buendía”. (‘Cien años de soledad’, Gabriel García Márquez).

Con ella está la excomandante Amanda Ríos, que dice haber cumplido los 40 y no tiene hijos. Sobre la maternidad, comenta que aquello [la guerra] no era un juego y que quien se incorporaba a sus filas sabía que debía someterse a una planificación aceptada. Ella sí tiene formación: estudiaba en la Universidad, estaba ligada a partidos de izquierda y en sus vacaciones se iba a la guerrilla. “Me persuadió la convivencia entre nosotros y poder compartir unas relaciones absolutamente sólidas basadas en las causas que nos llevaron a rebelarnos contra el sistema para dar el poder al pueblo”, resume.

Ríos habla de la difícil situación que viven ambas para reintegrarse a la sociedad. Por una parte, corren riesgo físico. Desde el armisticio, tal y como apuntábamos al principio, han sido asesinados 76 desarmados de las FARC y 20 familiares. Hay además 6 desaparecidos. En su caso, viven con un pie en las zonas que el Gobierno asignó para quienes combatieron (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) y otro en la ciudad, de forma semiclandestina. No dan sus nombres verdaderos (siguen utilizando el de la guerra) y tampoco cuentan a sus vecinos a qué se dedicaron durante tantos años. Dicen estar dispuestas a verse cara a cara con sus víctimas. “Con dolor del alma. Doble, el nuestro y el suyo. Porque no ha habido una guerra sin crueldad”, apunta la universitaria, reconociendo los errores que cometió su grupo contra la población civil. No tiene claro si quienes sufrieron sus embestidas están más preparados que ellas para la reconciliación, pero sí reconoce su nobleza y su absoluta voluntad de paz y de conocer la verdad para que nunca más se repitan esas décadas de sangre y fuego. Ellas, por su parte, aseguran que jamás repetirían y no barajan la opción de volver a armarse.

Más allá de la empatía y de los intentos de comprensión por parte de unos y otros, el país debe resolver cuestiones como qué empleos y medios de vida se les otorgan a unas personas que durante años no supieron hacer otra cosa que combatir y en muchos casos no pisaron una escuela o una ciudad. En La Habana, el Gobierno se comprometió a darles un sueldo mínimo durante un tiempo, casa y posibilidad de trabajo, casi siempre en el campo. Las promesas están lejos de cumplirse.

Flor González también tomó las armas. Fue hace ya muchos años. Lo hizo como combatiente del M19. Lleva ya veinte reinsertada. Hoy trabaja en la Universidad del Cauca y charla sobre su pasado militar de forma distendida y clara. Uno de sus hijos escucha atento la conversación mientras prepara un trabajo para el instituto. Como las excomandantes, no cree que la guerra haya terminado. Al contrario, para ella la situación ahora es peor, ya que los actores, comenta, están difuminados y nadie sabe quién es quién. Aparte, señala, el ambiente está más polarizado. La gente ve el país en blanco o negro y cuando se le pregunta, como ha ocurrido en los dos últimos referendos, vota incomprensiblemente por seguir en guerra y dice sí a la corrupción. Colombia, Locombia como se nombra algunas veces a esa esquina de América, es difícil de explicar. Para entenderla hay que introducir en el saco variables como bandos armados (legales e ilegales), desigualdad, narcotráfico, desplazados, armas y corrupción, por citar algunas.

“Para empezar a entendernos deberíamos plantear un buen diccionario del lenguaje de la guerra y la paz. Porque ahora todo el país habla del ‘proceso’ y todo lo que tiene que ver con ello suena muy bonito, pero está muy alejado de nosotros. Es un lenguaje de la élite, pertenece a quienes estuvieron en La Habana, pero sigue faltando realidad. Nos perdemos en conferencias y en cátedras que hablan de reinserción, rehabilitación, dejación de armas, reincorporación... Pero la verdad del país es que seguimos en una guerra, aunque se considere un hecho aislado que sucede en los territorios. Los muertos, los líderes sociales, son muertos aislados”, señala contundente.

Para Flor González, en Colombia se da un juego maldito que asume que todo aquel que tomó las armas es malo y no se juzga al corrupto que dirige el funcionamiento del país. “¿De qué estamos hablando cuando aquí hay presidentes como Uribe que tienen un vínculo directo con los paramilitares? Y si hablamos de narcos, solo hace falta pensar en Samper”, apunta la exguerrillera. Ella, ya reinsertada y con familia, tuvo en un momento dado que huir de su país y exiliarse. Entonces estaba en la diana de los paramilitares.

En su opinión, para que las mujeres y hombres que como ella se armaron puedan volver a ser ciudadanos, hace falta acompañamiento del Estado. Desde un punto de vista social, dice, es necesario articular una vuelta a las comunidades de donde salieron esas personas. “Hay que llevarlas a los lugares desde los que se perdieron y seguir un proceso de transición. Esa gente no puede volver sola, debe hacerlo con ese Estado que nunca estuvo y que fue la razón por la que empuñamos las armas. Hay que pensar en convertirnos todos en gestores de paz, en volver a reconstruir lazos y acabar con el desarraigo familiar que crea una guerra. Lo segundo es ver qué aptitudes tienen. No vale con idear -desde Bogotá- un proyecto productivo y olvidarlos en el campo”.

Respecto a las cuestiones más relacionadas con el género y la guerra, es contundente. No duda de que las combatientes lo tienen más complicado para volver a ser ciudadanas: “Quienes hacen las políticas de reinserción son hombres”, explica. También habla de la existencia de una “política vaginal” dentro de las guerrillas, algo que no está en ningún manual y pocas reconocen. “El problema del machismo es estructural y se da en la guerra y en la paz. Lo único a lo que nos podemos agarrar es que ahora somos más conscientes y estamos más preparadas, pero el patriarcado está en todas partes”.

En su caso, no tuvo hijos mientras combatía: “Imposible en un campamento”. Decidió ser madre tras dejar las armas. Su compañero también guerreó. A los niños no les contaron que habían sido parte de la guerra hasta que fueron lo suficientemente mayores. No lo hicieron para que no se autolimitaran política y socialmente. No querían que cayesen en esa división del mundo en buenos y malos y porque, como apuntaban sus compañeras, la guerra duele desde cualquier lado. Hoy, conocedores de su historia, ambos hijos se sienten orgullosos de su pasado. Y ahí, el adolescente, que nos ha servido café, se acerca, sonríe y besa a su madre.

—“Si la guerra sigue, si no se han resuelto los problemas, ¿qué os queda? El panorama es duro. ¿Hay esperanza para la paz?”, le preguntamos.

—“Nos queda soñar y sí hay cierta esperanza, la de nuestros hijos”, contesta. Victoria Sandino, senadora de las FARC y excombatiente, coincide: “Colombia ha cambiado y dado pasos importantes. Nunca antes se había pensado que la izquierda sacara ocho millones de votos. La gente ha empezado a perder el miedo. No obstante, se deben dar cambios estructurales para que haya justicia social. No se justifica que en este país, con un territorio tan rico y diverso, mueran niños de hambre, y eso pasa en El Chocó, en la Guajira y en Bogotá. No se justifica que siga existiendo una población tan numerosa con vocación agropecuaria y tantas tierras, y que no se asignen tierras. Eso tiene que cambiar, pero repito, hay esperanza”.   

“Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte…. Ante esta realidad sobrecogedora, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”. (Extracto del discurso de Gabriel García Márquez al recoger el Premio Nobel de Literatura en 1982).