En respuesta a las preguntas de MAS, Inditex nos ha hecho llegar un comunicado en el que asegura que “ha cumplido con todas las obligaciones contractuales con Bravo, y en este momento está trabajando con la federación sindical internacional IndustriALL, Mango y Next para establecer un fondo de ayuda a los trabajadores afectados por la desaparición fraudulenta del propietario de la fábrica. Este fondo de ayuda cubriría los salarios impagados, las indemnizaciones pendientes, las vacaciones comprometidas y los finiquitos de los trabajadores que estaban contratados en el momento del cierre repentino de esta fábrica en julio de 2016. Nos hemos comprometido a encontrar una solución rápida para todos los afectados”.

En su petición de Change.org, los trabajadores de Bravo indican que sus representantes sindicales llevan desde agosto del año pasado negociando con las marcas para las que producían y que después de un año de conversaciones, estas solo se habían comprometido a cubrir la cuarta parte del dinero que se les debía. En su petición  arremeten contra el actual modelo de producción de la industria textil, según el cual los proveedores, muchas veces en países en vías de desarrollo, producen para las marcas multinacionales, que son las que se quedan con la mayor parte de los beneficios y “como se ha demostrado repetidas veces son los auténticos jefes de la industria y determinan las condiciones de los talleres”, aseguran. “Cuando el público tomó conciencia de esta dinámica de poder, las marcas se vieron forzadas a aceptar la responsabilidad de asegurarse  de que sus productos eran producidos de forma justa (...) Las marcas aceptaron su responsabildiad, pero pensaron que solo nos merecíamos sus sobras".

Inditex, por ejemplo, presume en su web de proteger “los derechos humanos de los trabajadores de todos nuestros proveedores y fabricantes”. La compañía tiene un código de conducta  que en teoría deben cumplir los 1.805 proveedores y 6.959 fábricas con las que trabaja. También ha firmado el Acuerdo Marco Global con la federación internacional de sindicatos IndustriALL, que representa a más de 50 millones de trabajadores afiliados a cerca de 600 sindicatos en todo el mundo.

Y sin embargo este tipo de denuncias surgen de forma reiterada. En mayo, por ejemplo, se publicó que Inditex había llegado a un acuerdo con la fiscalía de Sao Paulo que le obligaba a pagar 1,3 millones de euros después de que se descubrieran “condiciones análogas a la esclavitud” en proveedores de la empresa. En octubre del año pasado, un programa de investigación de la BBC denunciaba que refugiados sirios eran empleados de forma ilegal en fábricas de Turquía que cosían para Zara o Mango (encontraron incluso niños sirios trabajando para proveedores de Marks & Spencer o Asos).