Para empezar, hay que ser muy claros en lo que respecta a la situación de cada uno: si existen ahorro o deudas previas, posibles herencias, riesgos profesionales, etcétera. Además, hay que hablar sobre cómo se van a organizar los ingresos. ¿Habrá cuentas comunes o individuales? ¿Cómo se repartirán los gastos fijos? ¿Cuánto se va a dedicar al ahorro y cómo se invertirá? Por supuesto, también hay que establecer la propiedad de los bienes importantes: vivienda, inversiones y negocios. Y en caso de boda, qué régimen económico es el que mejor encaja. “A partir de ahí, es útil pactar también cómo se gestionarán los cambios vitales (nacimiento de hijos, si uno de los miembros deja de trabajar temporalmente, traslados o ampliación del patrimonio) para que la estructura económica evolucione con la familia y no se convierta en un foco de conflicto silencioso”.

A pesar de la importancia de estas cuestiones, son conversaciones que todavía cuesta tener. Y son todavía menos las parejas que formalizan esos acuerdos.  En 2024 se firmaron 67.693 capitulaciones matrimoniales en España. Según datos del Consejo General del Notariado, es la cifra más alta de la serie histórica, pero sigue siendo baja si tenemos en cuenta que en ese año se registraron 175.364 matrimonios en nuestro país. Las capitulaciones matrimoniales son un contrato formal firmado ante notario, antes o después de la boda, mediante el que los cónyuges establecen cómo va a funcionar la pareja a nivel financiero. “Suelen incluir, en primer lugar, la elección y definición del régimen económico matrimonial (separación de bienes, gananciales o participación), así como la forma en que se administrarán y dispondrán los bienes durante el matrimonio. Es muy habitual que recojan también el reparto de la propiedad de determinados activos (vivienda, inversiones, participaciones en empresas familiares), donaciones por razón de matrimonio y reglas sobre el uso y destino de la vivienda familiar”. Según Pérez-Pozo, también es cada vez más frecuente que se incorporen cláusulas preventivas, como “bases para una eventual liquidación, criterios de compensación si uno deja su carrera para cuidar de la familia, pactos sobre pensiones compensatorias o protocolos en negocios familiares para separar lo profesional de lo personal. En definitiva, son contratos que combinan la ‘arquitectura económica’ del matrimonio con reglas prácticas pensadas para evitar conflictos futuros y dar estabilidad a la familia”.

Frente a la creencia popular, las capitulaciones matrimoniales no solo son un instrumento reservado a las grandes fortunas. “Son útiles siempre que exista algo que proteger, organizar o prever, y eso puede ser desde una vivienda o unos ahorros, hasta un pequeño negocio o un patrimonio familiar modesto”. La experta destaca que resultan especialmente recomendables “cuando hay patrimonios desiguales, cuando uno de los cónyuges desarrolla una actividad profesional con riesgo económico, en segundas nupcias con hijos de relaciones anteriores o cuando se prevén herencias futuras. Pero también son una herramienta muy útil para parejas jóvenes que simplemente quieren dejar claro desde el inicio cómo se van a gestionar los bienes y evitar conflictos en el futuro”.

"Estas conversaciones deberían empezar mucho antes de firmar una hipoteca o de fijar fecha de boda; idealmente, en cuanto la relación se plantea un proyecto de vida en común"

En España existen tres regímenes económicos principales para el matrimonio: gananciales, separación de bienes y participación. La sociedad de gananciales es el sistema por defecto excepto en Cataluña y Baleares, donde la separación de bienes es la norma. En el modelo de gananciales, los bienes adquiridos durante el matrimonio se comparten al 50%, mientras que en la separación de bienes cada cónyuge mantiene la propiedad, administración y disfrute de sus propios bienes, antes y durante el matrimonio. El sistema de participación, mucho menos frecuente en España, es un modelo mixto donde, durante el matrimonio, los cónyuges mantienen patrimonios separados (como en separación de bienes), gestionando sus propios bienes, pero al extinguirse el régimen (es decir, en caso de separación o divorcio) se calcula el incremento patrimonial de cada uno y quien tenga menos ganancias tiene derecho a participar en las del otro. 

A la hora de elegir el régimen económico que más nos conviene hay que tener en cuenta varias cosas. Como indica Carmen Pérez-Pozo, “no hay una opción ‘mejor’ que otra, sino una más coherente con la realidad patrimonial, profesional y familiar de la pareja. Lo primero es analizar de dónde vienen los bienes (si hay patrimonios previos, vivienda propia, empresa familiar, herencias en el horizonte) y qué nivel de riesgo asume cada uno en su actividad profesional (emprendimiento, avales, profesiones con posible responsabilidad patrimonial). En Grupo Pérez Pozo consideramos como una clave importante de inicio que las parejas conversen sobre cómo van a organizar las finanzas del día a día: si se quiere un proyecto donde prácticamente todo sea común y se priorice la solidaridad interna, el modelo puede ser distinto al de una pareja que desea preservar claramente lo que cada uno aporta”. También hay que tener en cuenta la comunidad autónoma en la que resida la pareja, porque, como hemos visto, el régimen supletorio cambia, y el impacto que cada opción puede tener en caso de sucesión o de una futura ruptura. “Elegir bien exige sentarse, hacer números y hablar no solo de amor, sino de realismo patrimonial y planificación a largo plazo, que es justamente lo que de verdad protege a la familia”.

Parejas de hecho y planificación financiera

También quienes no pasen por la vicaría deberían plantearse este tipo de cosas. De hecho, en su caso puede ser incluso más importante. “A las parejas que no se casen les recomiendo empezar por formalizar su situación económica con un acuerdo de convivencia notarial, equivalente a unas capitulaciones, pero adaptado a parejas de hecho: define cuentas comunes e individuales, reparto de gastos y titularidad de bienes adquiridos juntos. Esto es clave porque, sin matrimonio, no hay régimen legal por defecto y cualquier separación puede derivar en disputas complejas por falta de claridad sobre quién es dueño de qué”.

Carmen Pérez-Pozo señala señala que también es recomendable crear un fondo de emergencia conjunto (que permita afrontar los gastos básicos del hogar durante entre 3 y 6 meses) en una cuenta separada a la que ambas partes tengan acceso. Además, conviene documentar todas las aportaciones a compras grandes, como la entrada de una vivienda o de un coche, con transferencias bancarias claras para probar los porcentajes aportados por cada uno en caso de ruptura. También puede ser útil establecer poderes preventivos y seguros de vida que cubran hipotecas o deudas compartidas, además de testamentos individuales que reflejen la voluntad real de cada miembro de la pareja sobre bienes comunes. “Gestionar bien las finanzas sin casarse no es cuestión de desconfianza, sino de responsabilidad: protege el proyecto compartido y evita que una separación se convierta en un litigio largo y costoso”.