En España, la gestación subrogada está técnicamente prohibida desde la ley del 2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida. Sin embargo, la conocida como ‘ley del aborto’, que entró en vigor el pasado mes de marzo, reconoce que este tipo de contratos “se siguen produciendo, amparándose en una regulación internacional diversa, ante lo cual se ha de reconocer normativamente esta práctica como una forma grave de violencia reproductiva, y tomar medidas en el ámbito de la prevención y de la persecución”. Estados Unidos, Canadá, Australia o Ucrania son algunos de los países donde esta práctica sí está permitida.  Durante las negociaciones de la ‘ley del aborto’ se llegó a plantear la posibilidad de perseguir por la vía penal a los españoles que recurrieran a vientres de alquiler en otros países, pero finalmente se eliminó del texto esta disposición.

En una sentencia publicada hace un año, el Tribunal Supremo también insistía en que la gestación subrogada vulnera los derechos de las madres gestantes y de los niños.  "Ambos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad", indicaba la sentencia.

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