"Las nuevas generaciones quieren tener un impacto en la sociedad también desde su profesión"
Leire Larracoechea, directora de la Fundación Pro Bono
‘Pro bono’ es una expresión latina que significa ‘para el bien público’ y que seguramente te suene sobre todo de las series y películas de abogados. Así se denomina al trabajo generalmente jurídico (aunque también puede aplicarse a cualquier profesión u oficio) realizado de forma voluntaria y sin retribución en favor del interés social. Fascinada por esta forma solidaria de entender su profesión, la abogada Leire Larracoechea se fue hace unos años a Estados Unidos, la cuna del pro bono, para aprender más sobre ella. De vuelta a España ha creado la Fundación Pro Bono, una organización que hace de puente entre las oenegés y la profesión jurídica para llevar la justicia a los más desfavorecidos. Larracoechea ha sido destacada recientemente Supernova del Año dentro del ranking Nova 111, de la empresa Nova Talent, una clasificación de 111 profesionales españoles menores de 35 años con más posibilidades de cambiar el mundo. “No me lo esperaba”, reconoce Larracoechea. “Hay muchos y muchas jóvenes en España llevando a cabo una labor maravillosa en la sombra, y es muy positivo que haya plataformas que nos den voz y permitan visibilizar lo que hacemos. Creo que el que existan redes de talento que fomenten la formación y las relaciones también puede contribuir a evitar la fuga de talentos, el que los jóvenes que se vayan fuera y no vuelvan para aplicar ese talento en nuestro país, que es algo que lamentablemente ha ocurrido mucho en los últimos años”.
¿Cómo te interesaste en el mundo del pro bono?
Desde pequeña he estado implicada en diferentes iniciativas de tipo social y buscaba una manera de encauzar esa vocación social. Por eso hice Derecho y Periodismo, dos carreras muy relacionadas con la búsqueda de la justicia social, pero no acaba de encontrar la forma de encauzar esa vocación. En España, cuando uno estudia Derecho, al final tiene básicamente tres opciones: entrar en un gran bufete, hacerse funcionario o quedarse en el mundo académico. Yo no tenía muy claro cuál era mi salida. Me incorporé a un gran bufete porque creí que sería una buena oportunidad profesional. En Cuatrecasas oí hablar por primera vez del trabajo pro bono, de esa posibilidad de dedicar parte de tu tiempo al ejercicio profesional no lucrativo, a ayudar a los demás, y me encantó. En el despacho me involucré mucho en distintos proyectos ayudando a organizaciones sin ánimo de lucro en sus cuestiones legales, pero me di cuenta de que era una práctica poco conocida en España. Como Estados Unidos es la cuna del pro bono, pedí una excedencia en el despacho, que me apoyó muchísimo, y me fui allí a aprender sobre la cultura del trabajo pro bono, con la intención de contribuir después a su desarrollo en España.
¿Cómo fue la experiencia en Estados Unidos?
Genial, me fui a hacer un master de Derechos Humanos en Harvard. En principio, me iba para un año, que al final se convirtió en cinco. En la clínica jurídica de Harvard tuve la oportunidad de implicarme en temas de derechos de personas con discapacidad y me surgió la oportunidad de hacer unas prácticas de seis meses en el Cyrus Vance Center for International Justice, la organización pionera del trabajo pro bono en Latinoamérica. Me gustó tanto la experiencia que decidí quedarme allí trabajando. Estuve cuatro años dedicada a temas de derechos humanos, derecho medioambiental, transparencia y buen gobierno. Allí fue donde tomé la decisión definitiva de dedicar mi carrera a esto.
Pero el español y el estadounidense parecen sistemas jurídicos muy diferentes. ¿Te costó mucho adaptarte?
La verdad es que no, me movía el entusiasmo. Obviamente los sistemas jurídicos no tienen nada que ver, como tampoco lo que te enseñan en la universidad. El de allí es un sistema socrático de aprendizaje, busca despertar la inquietud intelectual del estudiante, enseñarle a pensar, no a memorizar. Y el sistema judicial también es mucho más ágil. No digo que sea más justo, pero al menos sí más efectivo y más rápido. Pero lo que sobre todo no tiene nada que ver es el sistema de asistencia jurídica gratuita, que en Estados Unidos está limitado fundamentalmente a temas penales. Ejerciendo allí entendí que el que la práctica pro bono esté más desarrollada en Estados Unidos tiene todo el sentido. Pero tener un sistema de trabajo pro bono que complemente la labor que se lleva a cabo desde el turno de oficio aquí en España también es muy importante. Una de las labores fundamentales de la Fundación Pro Bono España es adaptar su práctica a la realidad española y explicar el lugar que ocupa en nuestro sistema.
Si las cosas te iban tan bien en Estados Unidos, ¿por qué decidiste volver?
Por dos razones. La más importante es que quería formar una familia, y eso es más fácil en España. Por eso, mi marido, que estuvo allí estudiando y trabajando conmigo, y yo nos decidimos a volver. Pero, además, me había ido con la intención aprender sobre la práctica pro bono y tratar de contribuir al movimiento en España a mi vuelta. En el Vance Center me permitieron trabajar en el proyecto de la Fundación Pro Bono España, que, de hecho, incubamos durante los últimos dos años de mi estancia en Estados Unidos, junto a cuatro despachos que apostaron por esta iniciativa desde el primer día. Cuando tuvimos el business plan listo y los apoyos necesarios de despachos, volví con el objetivo de ponerla en marcha y dirigirla.
¿En qué consiste el trabajo que hacéis allí?
Llevamos tres años de recorrido y nuestra misión principal es fortalecer al tercer sector, aquel conformado por todas las entidades sin ánimo de lucro que trabajan por la inclusión y la defensa de los derechos de los más desfavorecidos. Creemos que a través del pro bono podemos acercar el Derecho y la justicia a esas entidades y a los colectivos por los que trabajan, reforzando enormemente la posibilidad de consecución de sus fines sociales. En España, el tercer sector es complejo, está completamente atomizado y es muy diverso, en cuanto al tipo de colectivos y a las causas por las que se trabaja. Hay más de 30.000 entidades sin ánimo de lucro, muchas de ellas con presupuestos anuales de menos de 100.000 euros. Evidentemente la inmensa mayoría no tiene abogados en plantilla ni dinero para destinar a recursos legales. Dado que el sistema de asistencia gratuita no cubre muchas de las necesidades de esas entidades, el pro bono tiene ahí una oportunidad única de contribuir a que esas organizaciones puedan dedicarse a hacer su trabajo en lugar de a resolver sus disputas y problemas jurídicos. La Fundación sirve de cauce a las consultas legales de las organizaciones en favor de dichos abogados, previa identificación proactiva y reactiva de las necesidades jurídicas de la entidad en cuestión. En nuestra red tenemos abogados de despachos, de universidades (a través de sus clínicas jurídicas), y también, como novedad, a otros que ejercen por cuenta propia y en empresas ( a través de sus departamentos jurídicos). Además, tratamos de promover la cultura pro bono en España y acercarla a otras regiones, porque las entidades que más necesitan de nuestros servicios no están ni en Madrid ni en Barcelona. E intentamos sembrar también entre los más jóvenes. Estamos impartiendo clases, charlas y promoviendo un programa de prácticas en universidades con el fin de que sean los abogados del mañana los que lideren este movimiento. Me impresiona ver lo interesados que están los estudiantes en todo esto. Las nuevas generaciones quieren tener un impacto en la sociedad también desde su profesión.
¿En qué tipo de proyectos trabajan los abogados de vuestra red?
Son causas más que casos, porque apenas tenemos temas litigiosos. Brindamos asesoramiento a las entidades sin ánimo de lucro en las dudas legales relativas a su funcionamiento interno o gestión, en todas las áreas del Derecho. En el día a día de una organización de este tipo surgen miles de preguntas en relación con temas laborales, de contratación de voluntarios, convenios, régimen fiscal, tributación de las contribuciones... Y en todas ellas trabajamos. Más allá de esa ayuda en la gestión diaria también apoyamos proyectos de mayor alcance, entendiendo por mayor alcance aquellos temas más transversales que afectan a varias entidades o colectivos, que son representativos de problemas sistémicos y que trascienden el interés de una persona. Uno de los últimos proyectos de este tipo que hemos llevado a cabo ha sido para la Fundación Francisco Luzón, que trabaja con personas con ELA. En España hay más de 3.000 personas con esta enfermedad, que es totalmente devastadora y requiere de una atención integral y multidisciplinar que cuesta más de 30.000 euros al año. La fundación vino a nosotros para que les ayudásemos a analizar qué derechos y recursos socio-sanitarios tienen estos pacientes en otros países europeos. Conformamos un equipo de abogados con letrados de un despacho y de la clínica jurídica de una universidad, e hicimos un informe que esperamos que sirva como base para la propuesta de una modificación legislativa con el objetivo de incrementar la cobertura pública sanitaria que se les ofrece a esos pacientes en nuestro país.
¿Has notado desde tu vuelta a España que la cultura del pro bono va calando más?
Sí, ya empezaba a sembrarse cuando me fui. Es algo que aquí se hace desde siempre de forma ad hoc. España es un país muy solidario, siempre a la cabeza en donativos de órganos o de sangre. Prueba de ello es que existen más de 30.000 sociedades sin ánimo de lucro. Pero el trabajo pro bono más institucionalizado y formalizado, con programas en los despachos, no empieza a desarrollarse hasta principio de los 2000 y creo que se aceleró mucho con la crisis de 2008. Los despachos de abogados y también las universidades empezaron a ver la necesidad de desarrollar programas que respondieran a la sensibilidad y demanda social de cada vez más abogados que se incorporaban a la profesión y querían ejercerla de una manera más responsable, dedicando parte de su tiempo a la ayuda social. El nacimiento de la Fundación no hubiera sido posible sin el impulso determinante de varios despachos que creyeron en esta causa. Cuando nos constituimos hace tres años contábamos con el apoyo de 28 despachos de abogados y ahora tenemos 37 y también 16 clínicas jurídicas de universidades trabajando con nosotros.
¿Y qué futuro le ves?
Todo el del mundo, esto es algo que no ha hecho más que empezar. La crisis de la COVID y la Agenda 2030 han supuesto que el movimiento social coja fuerza. Nosotros como abogados también esperamos tener, gracias a lo que sabemos hacer, un impacto mayor en la sociedad. Estoy convencida de que muchos jóvenes están en esto por las mismas razones que hace años me llevaron a mí a estudiar Derecho. No hace falta irse a África para hacer voluntariado y cambiar las cosas. Nuestra implicación como abogados a través de nuestra herramienta profesional también es absolutamente necesaria para el desarrollo social.
