Las luces y las sombras de la lucha contra la violencia machista en España
El Consejo de Europa pide a nuestro país más medidas para frenar la violencia de género fuera del ámbito de la pareja
Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Consejo de Europa ha publicado el primer informe que evalúa la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul, el tratado internacional de referencia en la materia, que nuestro país firmó en 2011 y ratificó en 2014. El informe ha sido realizado por GREVIO, el organismo de expertos independientes responsable de monitorear esa implementación, y reconoce el compromiso de las autoridades españolas para combatir violencia contra las mujeres y los avances logrados, en particular en la lucha contra la violencia en la pareja, pero pide que se preste más atención a otras formas de violencia de género.
GREVIO destaca la sólida agenda de políticas de las autoridades españolas para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y su papel pionero al adoptar en 2004 una ley integral que incorpora un enfoque totalmente centrado en la víctima y que reconoce la naturaleza de género de este tipo de violencias. Elogia también la variedad de medidas de apoyo y protección a las víctimas que se ofrecen sobre la base de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los tribunales especializados en violencia contra la mujer, los servicios de salud y las entidades que brindan asesoramiento jurídico a las mujeres. Pone en valor los esfuerzos realizados para recopilar estadísticas y hacerlas públicas, y para reconocer el papel del sector privado y los medios de comunicación en la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer. El impacto de la ley se ha complementado con la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contienen un conjunto de medidas para mejorar las respuestas institucionales a la violencia de pareja.
Sin embargo, expresa su preocupación por el hecho de que los servicios integrales de apoyo a las víctimas y la cooperación interinstitucional en España se hayan concentrado en la violencia dentro del ámbito de la pareja en detrimento de otras formas de violencia, en particular la violencia sexual, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina.
Teniendo en cuenta el alto nivel de autonomía regional y local de España, el informe lamenta las variaciones regionales en la aplicación del Convenio de Estambul, a pesar de las medidas de coordinación adoptadas por las autoridades españolas. Como consecuencia, asegura, no se garantizan niveles comparables de protección y apoyo en todas partes. Muy pocas comunidades autónomas ofrecen servicios especializados para víctimas de agresión sexual y violación, y aún existen menos servicios especializados de apoyo, si es que existen, para mujeres en riesgo de matrimonio forzado, mutilación genital femenina, acoso, esterilización o aborto forzado.
En los últimos tiempos, las interpretaciones del delito de violación y abuso sexual ofrecidas por los tribunales y el apoyo y la protección disponibles para las víctimas de violación han sido ampliamente discutidas por el público. En este contexto, el informe destaca el preocupante aumento de las violaciones en grupo denunciadas en los últimos años, así como que los casos implican cada vez más a menudo a víctimas o agresores menores de edad.
También identifica una serie de problemas con respecto a los procedimientos legales por agresión sexual y violación, en particular la duración de los procedimientos, la exclusión de las pruebas forenses recopiladas sin la orden de un juez, así como a la existencia de un “umbral muy alto para probar la violación en los tribunales, lo que fácilmente puede resultar en la revictimización de las víctimas y contribuir a bajas tasas de condena”.
El informe también señala varias deficiencias en la implementación de las medidas legales para garantizar la seguridad de las mujeres y los niños víctimas de violencia doméstica que dan como resultado la custodia compartida y el otorgamiento de amplios derechos de visita a agresores convictos. Otra de sus preocupaciones es que los procedimientos de asilo no son sensibles al género (procedimientos acelerados, condiciones inadecuadas de recepción y entrevistas), lo que no crea el ambiente de confianza y apoyo necesario para revelar experiencias de violencia. El informe también lamenta que a las mujeres solicitantes de asilo por motivo de violencia sexual y doméstica se les soliciten informes previos realizados por sus autoridades nacionales para que se les brinde protección internacional por estas causas. Como resultado, indica, las mujeres víctimas de violencia que necesitan protección internacional pueden pasar desapercibidas, lo que puede dar lugar a deportaciones o devoluciones que violan la obligación de no devolución.
Con carácter prioritario, GREVIO pide a las autoridades españolas que tomen una serie de medidas que incluyen:
- Reforzar el marco legal sobre violencia psicológica, acecho, violencia sexual, acoso sexual y mutilación genital femenina para alinearse con los requisitos de la convención y garantizar la implementación adecuada de sanciones por estos delitos.
- Mejorar la prestación de servicios de apoyo, en particular garantizando una provisión suficiente de alojamiento en todas las comunidades autónomas y su accesibilidad para todas las mujeres víctimas de violencia, con especial atención a las mujeres con discapacidad, de las zonas rurales, menores, toxicómanas, prostitutas y migrantes. También ampliar el alcance de la línea de ayuda nacional a todas las formas de violencia cubiertas por la convención y garantizar la prestación de asesoramiento psicológico adecuado a la edad de los niños testigos de violencia.
- Garantizar la asignación y el uso adecuados de los recursos por parte de las autoridades regionales y desarrollar sistemas de financiación que permitan a las oenegés de mujeres participar en la prestación de servicios de apoyo.
