Las sorprendentes cifras de la prostitución en España
El 39% de los varones españoles ha pagado alguna vez por sexo, según la ONU
España es el país europeo con mayor demanda de sexo pagado y el tercero a nivel mundial. Pocos lo reconocen, pero según Naciones Unidas, el 39% de los varones españoles ha pagado en alguna ocasión por mantener relaciones sexuales. España no es solo líder en consumo de prostitución, también es uno de los principales destinos de tráfico de mujeres del mundo.
Como ha recordado la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, durante su participación en una conferencia sobre prostitución organizada por la Coalición contra la Trata de Mujeres en Madrid, existe una relación clara entre la prostitución, la explotación sexual y la trata. De acuerdo con los datos oficiales, el 80% de la trata mundial se realiza con fines de explotación sexual y de ese porcentaje, más del 90% de las víctimas con mujeres y niñas.
Sin embargo, y aunque en principio la postura del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la prostitución es abolicionistas, Llop no ha aclarado si en la futura Ley Integral contra la Trata de seres humanos se perseguirá penalmente a los clientes. "Se escucharán todas las opciones que haya. Hay varios modelos y hay que buscar el que mejor sirva dentro del encaje legal e institucional", ha dicho en declaraciones a los periodistas recogidas por Europa Press. La delegada del Gobierno ha indicado que ahora mismo la prioridad del proyecto es la prevención y la protección de las víctimas.
Su objetivo es unificar la legislación sobre la materia, que ahora mismo está repartida. En España, la prostitución no está regulada. Se permite, aunque nuestro Código Penal sí castiga con penas de prisión de entre dos y cinco años la trata y el proxenetismo. Esa es la teoría, sin embargo, en la práctica llevar a la cárcel a una proxeneta resulta complicado, entre otras cosas, porque la colaboración de la víctima suele ser imprescindible y conseguirlo es difícil. De hecho, como recordaba la propia Llop citando datos de la Fiscalía General del Estado, en 2017 se abrieron solo 122 causas judiciales por trata de seres humanos, de los que 103 fueron con fines de explotación sexual.
En cuanto a los clientes, la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) establece desde 2015 multas para quienes paguen por servicios sexuales en zonas de tránsito público en las pueda haber menores, como parques y colegios, o cuando ello ponga en riesgo la seguridad vial. También hay normativas municipales que sancionan esta actividad en la vía pública. Es el caso de la ordenanza de Barcelona, que rige desde 2012 y sanciona con hasta 3.000 euros la prostitución callejera, tanto a clientes como a prostitutas. En Madrid, el grupo socialista municipal presentó el pasado mes de mayo una propuesta de ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual que no ha salido adelante al no contar con el apoyo del resto de grupos.
En el resto de Europa hay diferentes modelos de regulación de la prostitución. Hay países como Portugal e Italia en los que, al igual que en España, no está regulada. En otros como Suecia, Noruega, Irlanda, Islandia o Francia está castigada. Suecia fue pionero en este sentido con una ley aprobada en 1999. La ley francesa es de 2016 y había sido recurrida por algunas organizaciones, aunque la semana pasada el Consejo Constitucional francés confirmó que es constitucional castigar a los consumidores de prostitución.
La legislación más permisiva es la alemana, aprobada en 2002. Reconoce derechos laborales y cobertura social a las prostitutas. Hace un par de años, el gobierno germano aprobó un proyecto de ley que establece penas de prisión para quienes mantenga relaciones sexuales con prostitutas que no ejerzan libremente (siempre que el cliente sea consciente de ello)
En países como Hungría y Letonia la prostitución es legal y está regulada, pero no los prostíbulos. Holanda, por su parte, levantó la prohibición de los burdeles en el año 2000 y desde entonces tolera el trabajo sexual, aunque deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de que exijan un permiso de trabajo para esos establecimientos.
