Disculpen las molestias, pero nos están asesinando
La oleada de muertes de mujeres de los últimos días reabre el debate sobre la utilidad de las órdenes de protección
‘Disculpen las molestias, pero nos están asesinando’ es una de las consignas acuñadas en el Miércoles Negro que el pasado octubre sacó a miles de argentinos a las calles para exigir el fin de violencia machista. Fue también una de las frases coreadas anoche por los asistentes a la concentración de apoyo a las mujeres de la Asociación Ve-la Luz que desde hace casi dos semanas acampan en la madrileña Puerta del Sol. Piden al Gobierno medidas urgentes para acabar con los asesinatos de mujeres, que en lo que llevamos de año ascienden a dieciséis, la cifra más alta desde 2001.
Solo en los últimos cuatro días cinco han muerto a manos de sus parejas o exparejas. La última, ayer, la anciana de 91 años que el domingo fue apuñalada por su marido en Badajoz. El martes un hombre asesinó a su exmujer, también a cuchilladas, en la localidad barcelonesa de Santa Perpètua. Ese mismo día morían dos mujeres más en Valencia y Gandía: la primera, de 48 años, tras caer por el hueco de la escalera desde un cuarto piso, la segunda, de 49, fue encontrada sin vida en el baño de su casa. El lunes falleció otra mujer en Redondela (Pontevedra) en una explosión con bombonas de butano provocada por su marido, muerto también en el atentado.
Las dos mujeres asesinadas en la Comunidad Valenciana habían solicitado y obtenido medidas cautelares de protección. También el exmarido de la víctima de Barcelona, que se entregó a los Mossos d’Esquadra, tenía una orden de alejamiento. En septiembre fue archivada una causa en su contra por amenazas. Dos meses después, la mujer presentó otra denuncia y un juzgado de Sabadell interpuso una orden de alejamiento de 500 metros. En enero la quebrantó, la mujer lo denunció y el juez amplió la orden a 1.000 metros. El juicio estaba previsto para el mes de abril. "No hemos sabido valorar adecuadamente el riesgo que corría esta mujer", ha admitido Pilar Martín Nájera, la fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer. "Se tendría que haber reforzado la protección de esta mujer con prisión, porque era una persona que ya tenía varias denuncias por amenazas, coacciones y malos tratos".
Todos los expertos en violencia de género coinciden en que denunciar es vital, pero estos casos vuelven a poner sobre la mesa el debate en torno al funcionamiento de las medidas de protección a las víctimas. En 2016, la cifra oficial de feminicidios (actualmente se tiene en cuenta solo a las asesinadas en el marco de una relación sentimental, aunque el Convenio de Estambul pide incluir a todas las mujeres asesinadas a mano de un hombre) fue 44. En dieciséis de esos casos había una denuncia interpuesta: trece fueron presentadas por las propias víctimas y tres por otras personas. Otras cinco dieron el paso, pero renunciaron después a continuar con el proceso. Además, once de las 44 mujeres asesinadas habían pedido y obtenido medidas de protección. En la mitad de los casos el agresor las quebrantó. Esto solo en lo que se refiere a los asesinatos, porque en total fueron 1.519 los agresores que el año pasado incumplieron las medidas cautelares acordadas por los jueces para proteger a una mujer amenazada. Según Ester Garcia, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de Barcelona, son efectivas solo en el caso de "hombres que teman afrontar consecuencias penales”, pero no para frenar a los que están decididos a matarlas. Llegados a ese punto, no parece que casi nada les preocupe: de los 44 varones que el año pasado asesinaron a sus parejas, nueve se suicidaron y otros siete lo intentaron.
Para Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, todos los asesinatos son “un fallo del sistema". Tanto si ha habido denuncia previa, porque supone que en algún punto del procedimiento alguien "ha cometido un error", como si no, ya que en estos casos no se ha "sabido trasladar a la mujer y a la sociedad el riesgo que puede entrañar estar inmerso en el círculo de la violencia".
Carmona fue el lunes la primera experta en comparecer ante la subcomisión parlamentaria encargada de articular un Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Planteó una serie de medidas jurídicas que buscan proteger mejor a las víctimas. Entre otras, propuso eliminar la dispensa de la obligación de declarar a la que ahora se pueden acoger las víctimas. El objetivo, explicó, es que "estos delitos, que no son perseguibles de oficio y son delitos de carácter público, no queden impunes". En otras palabras, que las mujeres que hayan denunciado una agresión no se echen atrás cuando llegue el momento de declarar contra sus parejas, lo que en muchos casos, si no hay testigos, acaba con el archivo del procedimiento o con sentencias absolutorias. Carmona también propuso la eliminación del atenuante de confesión en los asesinatos machistas y que se amplíe la definición de violencia de género para incluir también conductas como el acoso sexual, el matrimonio forzoso o la mutilación genital.
