Rusia está a punto de descriminalizar los malos tratos. El Parlamento ruso ha aprobado –con 368 votos a favor, uno en contra y una abstención— una propuesta para que la violencia doméstica pase de ser considerada delito penal a sanción administrativa. El castigo para el agresor será una multa de 500 euros, arresto de 10 a 15 días o 120 horas de trabajo social. Solo irá a la cárcel si lo hace más de una vez al año o si la agresión produce lesiones graves.

Detrás de la iniciativa está la diputada conservadora Elena Mizulina, presidenta del Comité sobre Familia, Mujer y Asuntos infantiles, y uno de los miembros más polémicos del gobierno de Putin. Mizulina es conocida por sus iniciativas legislativas contra el aborto, los derechos del colectivo GLBT, las adopciones internacionales (para ciudadanos de países que permiten el matrimonio homosexual) y la pornografía. Su argumento en el caso de la nueva ley es que todas las agresiones deberían ser tratadas igual, sin tener en cuenta la relación entre víctima y agresor, y que hacer hincapié en la violencia en el hogar puede dañar la institución familiar (habla, en concreto, del respeto de hijos a padres). En Rusia no existe una ley específica sobre violencia de género como en España, aunque el que las agresiones se produzcan en el ámbito de la familia (independientemente del sexo o la edad de la víctima y el agresor) sí se consideran un agravante.

La cuestión es que la violencia doméstica es un problema gravísimo en el país. Socialmente aceptado, además. Hasta un dicho popular reza ‘Si te pega es que te quiere’. Según datos de su propio gobierno, en torno al 40% de todos los crímenes violentos se producen en el hogar y en uno de cada cuatro se producen abusos de algún tipo.  Cada año mueren 14.000 mujeres a manos de sus parejas o familiares cercanos (esto significa una mujer muerta cada 40 minutos) y unas 36.000 son atacadas cada día. Al menos oficialmente, porque la cifra real debe ser muy, muy superior. Se calcula que solo el 4% de las rusas que sufren malos tratos solicitan asistencia médica y solo la mitad de ese 4% acaba denunciando.