Nicola Thorp tiene 27 años y a finales de 2015 fue contratada como recepcionista temporal en la oficina de PwCen Londres. En su primer día de trabajo se presentó a trabajar con zapato plano. Su jefe le indicó que debía llevar tacones. Cuando ella se negó, argumentando que era una medida discriminatoria, la empresa la despidió. La joven explica que incluso le ofrecieron dinero para salir y comprarse otros zapatos. Ella dijo que no se veía capaz de aguantar toda la jornada subida a unos tacones y que a un hombre no se le pediría algo así. Asegura que su jefe se rio de ella.
Su respuesta fue lanzar una campaña de recogida de firmas para reclamar al Parlamento británico que impida a las empresas plantear este tipo de exigencias. La petición superó ampliamente las 100.000 firmas necesarias para que el legislativo estudiara el tema (tenía más de 152.000 cuando fue cerrada). El siguiente paso fue la puesta en marcha de una investigación oficial sobre los tacones y el dress code en los centros de trabajo, cuyos resultados se dieron a conocer ayer. El informe del Comité de Mujeres e Igualdad concluye que el de Nichola Thorp no es un caso aislado, y que aunque existe una ley (el Acta de Igualdad de 2010) que debería proteger a las trabajadoras, la exigencia de llevar tacones en el trabajo sigue siendo habitual.
No solo eso; otras mujeres han denunciado durante la investigación que sus empresas las habían obligado a llevar maquillaje, ropa ligera o incluso a teñirse de rubio. “Puede que esto empezara con un par de tacones altos, pero lo que ha revelado acerca de la discriminación en los centros de trabajo británicos es vital”, ha declarado la propia Thorp, “como han demostrado los centenares de mujeres que han dado un paso al frente en el foro online del comité. Pero los trabajadores deberían ser capaces de hablar sobre la discriminación en los centros de trabajo en una plataforma distinta a un foro de discusión online sin miedo a perder sus empleos”. El asunto se debatirá en el Parlamento el próximo 6 de marzo.
En España hubo un caso similar hace un par de años. En julio de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró ilegal obligar a las trabajadoras a llevar tacones y anuló la sanción de seis meses de suspensión de empleo y sueldo a una guía de Patrimonio Nacional que se había negado a ponerse el uniforme (alegando que las blusas eran "excesivamente transparentes") y llevar zapatos altos. La sentencia indicó que el uso de tacones "es innecesario y no solo no aporta ningún beneficio ni ventaja, sino que, por el contrario, puede perjudicar la salud de las trabajadoras”.
