En Galicia, en el municipio lucense de San Ciprián, se encuentra una multinacional llamada Alcoa que fabrica aluminio primario y que ha parado su actividad hasta 2024, aunque no es de esto de lo que yo quiero hablar aquí, sino de la balsa de residuos de esta planta, cuya peligrosidad está supuestamente controlada por las autoridades —debemos entender que la autoridad son la propia empresa por un lado y el gobierno local por el otro—. Por el contrario, organizaciones científicas y ecologistas alertan de que este lodo tóxico, altamente corrosivo y que hoy en día constituye una laguna de 87 hectáreas —se puede ver su enorme dimensión en Google Maps— supone un gran peligro si la balsa se rompe o se desborda. Esto último sucede en periodos de fuertes lluvias, de lo que fui testigo por casualidad hace pocos días, cuando viajaba por la carretera de Lago, que discurre junto al embalse, y que me llamó la atención por estar, durante algunos kilómetros, cubierta de un polvillo rojo, extraño, que mi pareja y yo confundimos con arcilla. La noche anterior había llovido mucho, y pensamos que el agua había arrastrado la arena, pero se trataba de lodo tóxico. Leo ahora en la prensa que la empresa ha afirmado que no existe riesgo de fugas, pero que ganaderos y agricultores contradicen esta aseveración. También el comité de empresa, que ha denunciado repetidamente que el embalse está al borde de su capacidad.

Lo que Alcoa quiere hacer con la balsa de lodos es sellarla sin someterse a control alguno. Lavarse las manos. Como a tantas empresas, les importa un bledo la basura que han producido, y que puede generar una tragedia. Esta indiferencia la permiten quienes deberían obligar a la empresa a ser responsable. Me refiero, obviamente, a los políticos dispuestos a todo con tal de permanecer en el poder, y que no quieren perder votos u otras cosas peores. En este caso, cuenta una noticia en El Confidencial que en 2020 al alcalde de Jove, del PP, le molestó la petición de los científicos de que la Xunta les dejara ver los informes de la inspección ambiental y de que se hiciera una auditoría externa sobre el estado de la balsa por parte de algún organismo público de prestigio. El alcalde alegó el momento tan delicado por el que estaba pasando el municipio, pues iban a perderse muchos puestos de trabajo.

¿Cuántos desastres como los de Aznalcóllar tienen que suceder para frenar la impunidad de las empresas, apoyada siempre en políticos que solo miran por el corto plazo y en la desesperación de la gente que necesita trabajar? En Aznalcóllar también fue una balsa de lodos tóxicos la que se rompió, con el consecuente desastre medioambiental. La Junta de Andalucía, con el dinero de todos, se encargó finalmente de limpiar el vertido, pues la empresa sueca Boliden, responsable de la catástrofe, se fue de rositas.