La ley de educación que está en fase de tramitación en el Senado (LOMLOE) es la octava de la Democracia y como las siete anteriores ha nacido sin consenso. La alternancia en el gobierno de la derecha y la izquierda desde finales de la década de los 70, ha hecho que se produjera también la alternancia de leyes de educación basada en motivos ideológicos, como la validez de la calificación de la asignatura de religión católica para calcular la nota media o la asignatura de Educación para la ciudadanía, que han ido camuflando el auténtico motivo de discrepancia: las cuestiones económicas con respecto a la educación concertada. En este momento, debido a la situación demográfica de nuestro país y la disminución de los niños y niñas en edad escolar, junto con la entrada en el negocio de la educación de distintos grupos empresariales, este aspecto ha adquirido gran relevancia.
Esta ley introduce modificaciones a la LOE (2006), que se sustituyó en 2013 por la LOMCE (Ley Wert), ya que existía el compromiso de todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, de derogarla en cuanto fuera posible. Además desde 2013 al momento actual se ha cambiado la percepción social sobre el papel de la educación y se han producido unos recortes económicos muy severos en la educación pública.
En la LOMLOE se establece como principio fundamental la vinculación de la calidad y la excelencia del sistema educativo a la equidad, la personalización de la atención educativa y la autonomía de los centros. Sobre esos ejes giran las diferencias entre esta ley y la anterior.
La ley parte del análisis de las debilidades de nuestro Sistema Educativo y la definición de los desafíos a los que debe enfrentarse nuestra sociedad (para ello se han hecho miles de consultas a los agentes educativos que han querido participar): mejorar el nivel competencial de todo el alumnado compensando las desventajas de origen, recuperar la equidad perdida en los últimos años, modernizar la Formación Profesional, reducir el abandono educativo temprano y facilitar el retorno a sistema educativo, modernizar la profesión docente para liderar la innovación curricular y didáctica, mejorar la extensión y la calidad de la Educación Infantil 0-3, flexibilizar la Educación Secundaria con una atención más flexibilizada para el éxito escolar, aumentar las vocaciones STEAM, especialmente entre las chicas, garantizar la educación en valores cívicos para ejercer una ciudadanía crítica y participativa y garantizar un suelo de inversión en educación y becas al margen de alternancias políticas y coyunturas económicas.
A partir de este análisis se han fijado los cuatro objetivos de la LOMLOE que son:
- modernizar el Sistema Educativo,
- recuperar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema,
- mejorar los resultados y aumentar el éxito escolar y
- estabilizar el sistema Educativo como pilar básico de las políticas de conocimiento.
Estos objetivos se vertebran a través de unos ejes transversales que son los Derechos de Infancia, la perspectiva de género y la coeducación, la educación digital, el aprendizaje competencial y personalizado y la educación para el desarrollo sostenible.
Además de todo esto se vuelve a la situación anterior a la ley Wert con respecto a la participación de las familias y el alumnado, a través de los Consejos Escolares y se plantea la urgencia de definir un currículo escolar menos enciclopédico y más centrado en las competencias individuales y colectivas y sobre todo en aprender a aprender.
La ley tiene en cuenta los informes de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, a las recomendaciones del Comité de los Derechos del niño, el artículo 27 de la Constitución Española y los informes de la CEOE sobre mejoras en la educación.
Con estas premisas la LOMLOE se perfila como una ley de futuro, sin embargo el debate en torno a ella no se está centrando en la misma, sino en algunos argumentos que no tienen que ver con su contenido y que, además, faltan a la verdad.
No es cierto que la ley desprecie y arrincone a la lengua castellana. La LOMLOE en este aspecto vuelve a la situación anterior a 2013. Se puede comprobar en las pruebas PISA de los años anteriores que los resultados en lengua castellana del alumnado de territorios con lengua cooficial son similares a los del resto del Estado. La ley establece que todos los alumnos deberán alcanzar un dominio pleno en la lengua castellana, equivalente al de la lengua cooficial correspondiente cuando la haya. No debemos olvidar que España es una nación plural en la que el 40% del alumnado vive en un territorio con dos lenguas cooficiales. Se está centrando el conflicto con la lengua vehicular en Cataluña, sin plantear en ningún momento la situación de Madrid o la Rioja, por ejemplo, en las que, en los colegios bilingües, la lengua vehicular es el inglés.
Con respecto a la elección de centro por parte de las familias se está disfrazando de libertad lo que en realidad es pretender mantener privilegios. El acceso a los colegios más demandados no es igual para todos los niños y niñas. En la mayoría de los colegios concertados (más correcto sería llamarlos “privados pagados con fondos públicos”), las cuotas “voluntarias” que pagan las familias son inasumibles por un porcentaje muy alto de la población. La escolarización de alumnado inmigrante, procedente de situaciones de vulnerabilidad o con necesidades educativas específicas es significativamente menor en la enseñanza concertada que en la pública.
No se cuestiona en la ley la enseñanza concertada ni se plantea eliminar los conciertos con centros de titularidad privada, sino de los criterios para acceder a los mismos (proximidad del domicilio, número de hermanos,…) más equitativos que los existentes, que están generando mucha desigualdad, estableciendo centros de varias categorías en función del alumnado que escolarizan y todos ellos sostenidos con fondos públicos. Lo que se pretende es eliminar los desequilibrios existentes en la actualidad.
Si se habla de libertad de las familias para elegir hay que tener en cuenta que el 70% de la población está escolarizada en centros públicos frente al 30% que se escolariza en la privada concertada o no. La verdadera libertad se podría contemplar si todos los centros tuvieran el mismo nivel de inversión, los mismos recursos y las mismas condiciones para acceder a ellos, realidades que no se producen en este momento. La LOMLOE viene a paliar en parte la situación actual entre unos centros y otros, y que ha creado en algunas zonas “centros gueto”, en los que se concentran niños y niñas procedentes de situaciones de gran vulnerabilidad económica y social, así como con necesidades educativas especiales.
La LOMLOE no es un ataque a las libertades públicas, como se intenta hacer creer desde algunos medios, sino que pretende garantizar que la educación de calidad deje de ser una mercancía a la que solo pueden acceder los niños y niñas cuyas familias tengan una determinada posición económica.
También ha creado mucha polémica la supresión de los centros de educación especial. En un análisis muy riguroso del texto de la ley no aparece en ningún momento esta posibilidad. Tanto la Ministra como el Secretario de Estado de educación han insistido una y otra vez en que no se contemplaba ese escenario en modo alguno. En lo que sí profundiza la LOMLOE es en la necesidad de hacer los centros educativos más inclusivos y en plantear un margen de diez años para lograr que los centros ordinarios tengan los recursos necesarios para que el alumnado con necesidades educativas específicas pueda ser escolarizado en ellos, cumpliendo la Convención de las personas con discapacidad y atendiendo las orientaciones de la ONU al respecto.
Resulta llamativa la implicación de la jerarquía de la iglesia católica en la defensa de los derechos de ciertas familias en la elección del centro educativo de sus hijos e hijas y la poca implicación en la defensa de los derechos de los niños y las niñas de familias vulnerables a tener una vivienda digna, una alimentación adecuada, las condiciones energéticas básicas para vivir o los derechos de los niños y niñas migrantes. Una de las razones puede ser que la iglesia católica es titular de un número considerable de colegios concertados y que lo que está defendiendo no sea tanto el interés superior del menor sino el negocio que comportan esos centros privados sostenidos con fondos públicos.