Por fin el pleno del Congreso ha dado luz verde, con el voto a favor de todos los grupos excepto el del partido del gobierno, a la tramitación de la ley de igualdad retributiva promovida por Unidos Podemos para intentar acabar con la brecha salarial. Algún miembro del partido del gobierno ha justificado estos días la abstención de su grupo asegurando que no es la “panacea” para acabar con ella.

Evidente. ¿Y qué ley lo es? Los remedios mágicos no existen, y en cuestiones de desigualdad, menos aún. Cualquier solución, por parcial e imperfecta que sea, empezará por reconocer que tenemos un problema. Y lo tenemos. La brecha salarial existe, y está bien documentada.  

Todavía hay quién no la ve, porque es una discriminación sutil. Es complicado detectarla, porque en  muchos casos no es directa. No se trata de que jefes malísimos decidan pagar menos a sus empleados porque sí (aunque los hay). No es que las empresas decidan, de forma organizada, asignar sueldos diferentes en función del sexo (aunque las hay). Tampoco que las mujeres estén peor formadas, como ha declarado alguna política lamentablemente informada.  En muchos casos no tiene tanto que ver con el sueldo base como con las horas extras y los complementos salariales, con el hecho de que se valoren de forma diferente trabajos que tienen el mismo valor, con que las mujeres sigan asumiendo la mayor parte de las cargas familiares, tengan más contratos a tiempo parcial o con que los sectores más feminizados tengan peores salarios.