Ácido en un bote de perfume

Beatriz Becerra
El intento de golpe de Estado en Cataluña por parte de los secesionistas está en fase judicial y policial. Los poderes públicos de España tienen la obligación de restaurar la legalidad y evitar que el famoso referéndum tenga lugar. Lo más urgente hasta el 1 de octubre será evitar los hechos consumados.
Pero hay otra batalla que habrá que dar después. Los agentes secesionistas siguen clamando, allí donde les dan ocasión, que España ya no es una democracia. Hablan de represión, de censura, de falta de libertad de expresión. Su estrategia es típica de la posverdad: no entrarán a analizar y debatir, se limitarán a embarrar el terreno de juego para que la verdad sea sólo una opinión.
¿Quién ataca aquí a la democracia? La Constitución y el conjunto del ordenamiento legal español no bajaron del cielo, ni se los entregó Dios a Moisés, sino que fueron debatidos y aprobados por el conjunto de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes. Por lo tanto, son leyes exquisitamente democráticas, y quien propone que se ignoren (para que se celebre el referéndum o para que no se persigan los delitos) está sugiriendo que se suspenda la democracia en España. Nada menos.
Los secesionistas saben perfectamente que se están saltando las leyes, quedó muy claro en la triste sesión del Parlamento de Cataluña en la que laminaron a la oposición para aprobar sus leyes golpistas. Aun así, se sorprenden de que los poderes públicos actúen y dicen que “la fiscalía amenaza a los alcaldes que apoyen el referéndum”. La fiscalía no amenaza: advierte de lo que implica una acción concreta, lo cual es una garantía para el advertido que no podrá alegar desconocimiento.
El señor Turull ha comparado recientemente a España con Turquía, pero es su partido y es su gobierno autonómico el que presiona a los funcionarios para que les obedezcan. Como han explicado las cuatro asociaciones judiciales españolas (que no suelen estar de acuerdo en nada), no hay otra vía que cumplir la ley. Si alguien está actuando como Erdogan ese es Puigdemont.
Por último, no es sólo una cuestión legal. Al golpe de Estado subyace una ideología supremacista que se maquilla con una retórica democrática. Lo cierto es que la violencia asoma en cuanto se despistan. El alcalde de Tarrasa, del PSC, ha tenido que sufrir insultos xenófobos y homófobos simplemente por anunciar que no cederá espacios municipales para la celebración del referéndum. Otros alcaldes socialistas han denunciado situaciones de acoso e intimidación. El secesionismo es un frasco de perfume caro lleno de ácido.
¿Cómo hemos llegado al punto de que un delincuente como Artur Mas pueda acusar a España de no ser una democracia en el Parlamento Británico? ¿Cómo son posibles los editoriales tan desinformados de Le Monde o The New York Times? Cuando todo pase, habrá que replantearse cómo articular un discurso nítido y potente a favor de la democracia liberal europeísta y abierta, y lograr que se vea a los nacionalistas como lo que son: los compadres políticos de los Le Pen, Wilders o Trump.
Beatriz Becerra es vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo y eurodiputada del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE)