"Si una mujer no dice ‘sí’ expresamente, todo lo demás es ‘no’”. Este es el principio que guiará la reforma del Código Penal anunciada hoy por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo. Se pretende así garantizar que la decisión sobre la tipificación penal de las agresiones sexuales no dependa tanto del criterio de los jueces. Ese margen de interpretación es lo que permitió, por ejemplo, que los miembros de la Manada fueran condenados por abuso y no por violación. La actual ley establece que para que una relación, aunque no sea consentida, sea considerada agresión sexual debe mediar “violencia o intimidación”, algo que no apreciaron los magistrados en este caso. 

España sigue de esta forma los pasos de Suecia, cuyo Parlamento también aprobó hace unos meses una ley que considera violación cualquier acto sexual sin consentimiento expreso. También es así en países como Alemania, Bélgica y Reino Unido.

Calvo lo ha anunciado en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, en la que ha recordado a las veintiuna mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, entre ellas algunas que pidieron ayuda y obtuvieron “una protección que ha fallado”. A partir de ahora, el Gobierno contabilizará a las víctimas desde que existen estadísticas oficiales, y no de forma anual. Desde 2003 y hasta el día de hoy son 945 las mujeres asesinadas.