De hecho, esta flexibilidad jurídica es tan obvia que los eventos que ponen en contacto a empresas intermediarias y posibles clientes no encuentran ninguna traba legal. Los pasados 6 y 7 de mayo se celebró en Madrid Surrofair, feria dirigida, según sus organizadores, a “mujeres con endometriosis, malformaciones uterinas, algunos tipos de cáncer o problemas cardiovasculares que muchas veces no tienen la capacidad de gestar incluso sometiéndose a técnicas tradicionales de reproducción asistida. También a hombres solteros y en pareja que quieren formar una familia”. Las empresas recomiendan a los futuros padres llevar a cabo el proceso en Estados Unidos, donde cuesta alrededor de 150.000 euros (los intermediaros se llevan en torno al 80%), Ucrania, donde el precio es de unos 45.000-60.000 euros, o Canadá, donde solo se permite si tiene carácter altruista, lo que también complica la búsqueda de una gestante.

Durante los dos días que duró la muestra se agolparon a sus puertas grupos de manifestantes de más de cincuenta asociaciones contrarias a este método, unidas desde hace unas semanas bajo el paraguas de la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV). “Queremos dejar claro que no somos incubadoras, ni vasijas, ni úteros o vientres de alquiler: somos mujeres, vidas humanas con las que se pretende montar un nuevo negocio que lucrará al más fuerte y someterá a las más débiles”, dice su manifiesto. Uno de sus grupos constituyentes es No somos Vasijas, que se ha sumado a la campaña internacional Stop Subrogation Now (Paremos la Subrogación Ahora) y solicita a los partidos políticos que tengan en cuenta “que el deseo de paternidad o maternidad no puede sustituir o violar los derechos humanos de las mujeres o la infancia”. Consideran que la GS arrebata a la mujer el derecho a decidir durante el embarazo e implica la utilización mercantilista de su cuerpo. “El problema ético que plantea es que permitirla abre una auténtica caja de Pandora. ¿Legalizamos que una mujer pueda alquilar su útero pero se continúa prohibiendo que alguien venda uno de sus riñones por necesidad?”, se cuestiona Pérez Vaquero.

Según María Eugenia R. Palop, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y experta en estudios de género y derechos humanos, este fenómeno transpira también cierta arrogancia propia de las sociedades capitalistas: “En la medida en la que tengo dinero, puedo conseguir todo lo que deseo”. Además, dice, la veintena de empresas promocionadas en Surrofair son “compañías acreditadoras. ¿Qué acreditan? La calidad del producto, la perfección”.

Los que se oponen señalan también la evidente facilidad con la que el asunto puede desembocar en la explotación estructural del cuerpo de la mujer, afectando principalmente a las clases más desfavorecidas. El panorama podría recordarnos al mundo de ciencia ficción que plantea la serie de HBO El cuento de la criada, una revisión de la novela homónima de Margaret Atwood que retrata un futuro en el que la fertilidad ha descendido alarmantemente y las clases altas disponen de criadas para tener descendencia. La fantasía distópica de Atwood, en la que las mujeres son reducidas a máquinas reproductoras sin derechos, presenta inquietantes paralelismos con lo que de hecho ya ha pasado en algunos lugares. “En India llegó a haber verdaderas granjas de mujeres engendrando niños de familias occidentales. El gobierno reaccionó ante este problema y ahora las penas por este delito son de las más duras del mundo”, cuenta Palop. “Cuando se comercia con el cuerpo y la vida de terceras personas para cumplir un deseo, por respetable que sea, ser rico o pobre importa, y mucho. Esas terribles desigualdades ya existen, pero eso no justifica que, en nombre de los avances sociales y sanitarios, las incrementemos o perpetuemos”, argumenta Isabel Serrano Fuster, ginecóloga, experta en salud y derechos sexuales y reproductivos, y miembro de la RECAV.

Que una gran parte del feminismo se posicione de una manera tan clara en contra puede resultar, para quienes abogan por el derecho de la mujer a decidir sobre el propio cuerpo, desconcertante. Entramos en este punto en el pantanoso terreno del consentimiento y las libertades individuales. Y en ese fango hay que andar con cuidado para no patinar. La periodista y experta en políticas de igualdad Nuria Varela escribe en su libro Cansadas: “Un contrato firmado por dos partes en el que una de ellas está dominada por la necesidad no es un contrato legítimo […] Llamar libertad de elección a escoger entre prostituirse o no comer es un ejercicio de cinismo”.

Así que por un lado están las empresas, acomodadas en la flexibilidad jurídica española, y, por otro, los grupos de presión que luchan contra lo que consideran una nueva forma de esclavitud. Pero, ¿es la prohibición total la única manera de intentar evitar el drama de la explotación? ¿No podría ser precisamente la legalización lo que nos aleje de ella? Así lo creen en la Asociación por la Gestación Subrogada en España (AGSE), nacida para impulsar una iniciativa legislativa popular que la regularice. “Si hay mafias es porque no hay regulación. Nosotros proponemos un modelo basado en la solidaridad, con una compensación económica regulada por el Estado que garantice que la decisión sea libre y sin coacciones, que proteja al menor a través de la figura de un tutor que ejerza de padre ante cualquier eventualidad y que vele por los derechos de la gestante con la obligatoriedad de contratar un seguro”, explica Aurora González, secretaria de la organización.

La asociación, en cualquier caso, ha decidido dejar la iniciativa en mano de los partidos políticos. Fue Ciudadanos el que ya hace unos meses situó el debate en el primer plano de la agenda pública al anunciar que llevaría al Congreso una propuesta para regular la maternidad subrogada. Finalmente ayer presentó el texto, que plantea un modelo altruista sin compensación económica inspirado en el sistema canadiense. Su plan establece algunas condiciones a esas mujeres que de forma altruista se ofrecerían a concebir hijos para terceros: una edad mínima de 25 años (la misma que para adoptar), haber tenido antes al menos un hijo sano, no haberse sometido más de dos veces a estas técnicas, acreditar una situación socioeconómica y familiar estable, y no tener antecedentes de abusos de drogas y alcohol.

De momento, el resto de formaciones no se han movido al ritmo que le gustaría al partido de Rivera. Hasta la fecha, el apoyo más decidido ha llegado de parte del Partido Popular. Pero también el rechazo más fuerte. El grupo conservador tiene el alma dividida entre el sí rotundo de los integrantes más liberales (como Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre) y el no sin restricciones del ala más dura. En el resto de grandes partidos también hay diversidad de opiniones, y evitan definirse claramente. Beatriz Gimeno, responsable del área de Igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid, se pronunciaba el año pasado a favor de “una gestación subrogada regularizada, que garantice que las mujeres gestantes no vean ninguno de sus derechos conculcados, que trate de influir en las gestaciones que se están produciendo fuera de nuestro país, que garantice también el derecho de los menores y que combata la comercialización de los cuerpos de las mujeres”. Josefina Navarro, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, aboga por un debate sosegado sobre el tema, aunque considera que la gestante se encuentra en desventaja en este proceso. En cuanto a Izquierda Unida, el área de la Mujer en Madrid se ha sumado al manifiesto de la RECAV.

El Comité de Bioética, organismo que asesora al Gobierno en materias relacionadas con la ética y la salud, se manifestó hace unas semanas sobre la cuestión, y lo hizo en sentido negativo. En un informe pidió prohibir la maternidad subrogada al considerar que “todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”. Esa es la postura apoyada por la mayoría de sus miembros, aunque algunos (el tema también generó división interna en el Comité) se manifestaron a favor de la GS, al menos en el plano teórico. Su opinión, también recogida en el texto, es que aunque en teoría la práctica podría regularse de forma que se respetaran los derechos e intereses de todos las partes, “las propuestas regulatorias que se manejan y las experiencias de otros países son claramente deficientes en la tutela de la dignidad y derechos de la gestante y del menor”.

En lo que coinciden todas las partes es en el rechazo de pleno a un modelo comercial. La propuesta de la AGSE recoge que nunca tendría “carácter lucrativo o comercial. La compensación económica resarcitoria que se pueda fijar solo podrá compensar las molestias físicas, los gastos de desplazamiento y laborales y el lucro cesante inherentes al procedimiento”. Pero el altruismo es, según Palop, una noción tramposa. “Allí donde está regulada, el coste de la donación ‘altruista’ oscila entre los 45.000 y los 60.000 euros, de manera que sigue siendo un espacio al que solo pueden acceder algunos”, explica. Para González, sin embrago, no supondría un problema dentro de nuestras fronteras, donde “los gastos, tanto de sanidad como jurídicos, están subvencionados”. La portavoz de la AGSE considera, por tanto, que la regulación ayudaría a poner la GS al alcance de todos los bolsillos.

Aunque tampoco es solo cuestión económica. Desde No Somos Vasijas señalan también que la utilización del argumento del altruismo viene a reforzar esa visión patriarcal de las mujeres “como ‘seres para otros’ cuyo horizonte vital es el ‘servicio’”. Y está el tema de los riesgos. Según la Organización Mundial de la Salud, mueren en el mundo cerca de 1.000 mujeres cada día, unas 300.000 al año, por problemas relacionados con el embarazo, incluyendo también el parto y el puerperio. “El parto es un proceso que, aunque se produce en un momento dado, también conlleva riesgos a corto plazo (trombosis, hemorragias o infecciones) y a medio-largo plazo (problemas genitales y mamarios, infertilidad, estigma o culpabilización)”, apunta Serrano. Y aunque gracias a los avances en la atención sanitaria el peligro es ahora menor, “nadie se somete a riesgos de manera altruista con el único fin de beneficiar a quien no conoce”. La ginecóloga incide también en la importancia de los vínculos que se crean entre la gestante y el embrión que se desarrolla en su vientre: “Eso que científicamente se ha demostrado como beneficioso para el desarrollo madurativo y el crecimiento emocional del bebé se rompe bruscamente en los casos de gestación subrogada. Incluso se las entrena para no desarrollar ningún apego emocional con el futuro bebé”. La portavoz de la AGSE opina, sin embargo, que las personas que gestan bebés para otros desarrollan un vínculo con él, pero no tiene por qué ser maternal. “A las gestantes no les mueve el deseo de ser madres, nadie puede decir cómo va a sentirse otra persona cuando pase por un proceso así. Igual que sucede con la acogida de niños, hay gente que está preparada para hacerlo y hay gente que no”.

Sea como fuere, lo cierto es que mil niños llegan a España cada año gestados por una tercera persona. Ante esta realidad, si hay algo incontestable es que no se consigue nada mirando para otro lado. Al este, concretamente.

Este reportaje se publicó primero en el nº2 de nuestra edición en papel.